El acero es la prueba piloto de la UE contra la sobrecapacidad china, pero generalizar el modelo es arriesgado

El 1 de julio, sin fanfarria ni comunicado de prensa que lo anunciara, la Unión Europea cruzó una línea que llevaba años dibujándose en los despachos de Bruselas. Entró en vigor el Reglamento 2026/1384, un instrumento de defensa comercial que no era simplemente la renovación técnica de las medidas de salvaguardia que expiraban ese mismo día tras ocho años de vigencia. Era algo distinto, más profundo: la primera herramienta defensiva que la UE diseñaba explícitamente alrededor de un concepto nuevo en su legislación comercial: la sobrecapacidad estructural global, principalmente china, como distorsión comercial justificable por sí misma, sin necesidad de demostrar el daño causado por un aumento repentino de importaciones.

Los números revelan el alcance del cambio. Las cuotas libres de aranceles para el acero importado se redujeron prácticamente a la mitad respecto al escenario de 2024. Quien quisiera traer acero más allá de esa cuota enfrentaría un arancel del 50%, prohibitivo en la práctica. Además, los requisitos de trazabilidad para el proceso de fundición y vertido se endurecieron significativamente, cerrando las puertas traseras por las que históricamente se filtraba el acero a través de terceros países. Era una barrera diseñada para durar, no una medida temporal.

Pero el verdadero significado de esta decisión va mucho más allá del acero. Por primera vez, la UE legislaba partiendo de una premisa radical: que el exceso de capacidad estructural, fenómeno sistémico de una economía que reprime el consumo doméstico y canaliza el ahorro hacia la inversión industrial, constituía una amenaza comercial que justificaba defensas permanentes, sin las restricciones que impone el Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio. Era una prueba piloto. Si funcionaba —si estabilizaba precios, desalentaba que el comercio desviado del mercado estadounidense, ahora protegido, fluyera hacia Europa, y superaba los desafíos legales— la presión para replicar el modelo en otros sectores sería inmensa. La sobrecapacidad china no era un problema exclusivo del acero. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, productos químicos básicos, robótica, máquinas herramienta: todos seguían la misma lógica de una economía que producía más de lo que su mercado interno podía absorber.

Sin embargo, aquí residía la verdad incómoda que Bruselas debía enfrentar: el modelo del acero no podía generalizarse sin consecuencias graves. La primera razón era la aritmética de la represalia. El acero era un sector. Una muralla de instrumentos similares desplegada en una docena de sectores provocaría una respuesta china integral en un momento en que los exportadores europeos —desde artículos de lujo hasta aeronaves y productos farmacéuticos— seguían profundamente expuestos al mercado chino. Pekín había demostrado, mediante sus controles de exportación de tierras raras y sus nuevas regulaciones de seguridad de la cadena de suministro, que podía utilizar con precisión las dependencias europeas.

La segunda razón era el coste en la fase posterior de la cadena de suministro. Cada cuota arancelaria protegía al productor gravando al usuario. Los usuarios del acero —automoción, construcción, maquinaria— ya se quejaban, y el acero era un caso relativamente sencillo donde existía gran capacidad de producción europea. En paneles solares, esa capacidad había desaparecido; la protección aumentaría el coste de la transición energética sin muchas posibilidades de reactivar una industria europea. En baterías y vehículos eléctricos, el cálculo era realmente controvertido. Multiplicar estos instrumentos significaba multiplicar estas compensaciones, y la capacidad fiscal e industrial de Europa para compensar a los sectores posteriores era limitada.

La tercera razón era institucional. El instrumento relativo al acero se había redactado cuidadosamente como una regulación independiente en el marco de la política comercial común, precisamente para eludir las limitaciones del marco de salvaguardias de la OMC. Hacerlo una sola vez, para un sector en el que prácticamente todas las grandes economías ya habían erigido barreras, podía resultar tolerable para el sistema comercial. Hacerlo repetidamente confirmaría que la UE había abandonado el orden basado en normas que decía defender, un activo reputacional que aún sustentaba su agenda de acuerdos de libre comercio desde India hasta Mercosur.

Si la UE no podía protegerlo todo, debía elegir. Y ahí residía el verdadero peligro. La economía política de la defensa comercial en Europa siempre había favorecido a los sectores con producción concentrada, federaciones fuertes y Estados miembros influyentes. La industria siderúrgica, con sus 300.000 empleos directos y uno de los grupos de presión más influyentes en Bruselas, era el caso paradigmático. Pero los sectores que definirían la competitividad europea durante las próximas dos décadas —electrónica de potencia, electrolizadores, baterías avanzadas, robótica industrial, los equipos que sustentaban la inteligencia artificial y la transición energética— estaban más fragmentados, eran más recientes y tenían mucha menos presencia en el Berlaymont. El criterio de protección debía ser prospectivo y sumamente estratégico: ¿en qué casos la defensa o el desarrollo de la capacidad europea hoy generaba las tecnologías, las habilidades y las posiciones en la cadena de suministro que Europa necesitaría mañana? ¿En qué casos la rendición crearía una dependencia irreversible de una infraestructura controlada por China? Algunos sectores tradicionales cumplirían esos requisitos; el acero, por ejemplo, tenía una justificación legítima a través de la defensa y las infraestructuras. Pero el trato privilegiado que recibía el acero se debía tanto al poder de los grupos de presión como a la visión estratégica, y ese era precisamente el precedente que la UE no debía institucionalizar.