La vivienda expulsa del territorio; el empleo perdió capacidad para rescatarnos
Casi la mitad de los inquilinos valencianos está en riesgo de pobreza, con 1,3 millones de personas afectadas por exclusión social en 2024. Los precios de la vivienda subieron 85% entre 2018 y 2024, mientras los salarios crecieron solo 16%, erosionando el poder adquisitivo de las familias.
- El 48,3% de inquilinos en la Comunitat Valenciana vive en riesgo de pobreza
- 1,3 millones de personas en riesgo de pobreza en 2024 (24% de la población)
- Precios de vivienda subieron 85% entre 2018 y 2024; alquiler se duplicó desde 2020
- 367.000 hogares quedan bajo umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros
- 1,2 millones de personas enfrentan dificultades graves de vivienda
El 48,3% de los inquilinos en la Comunitat Valenciana vive en riesgo de pobreza, según un informe de FOESSA y Cáritas que identifica la vivienda como epicentro de la desigualdad social.
Casi uno de cada dos inquilinos en la Comunitat Valenciana vive en riesgo de pobreza. Esa cifra —el 48,3 por ciento— emerge de un informe presentado esta semana por FOESSA y Cáritas, dos organizaciones que llevan años midiendo la exclusión social en la región. Lo que el informe revela no es una crisis puntual sino un deterioro estructural: la vivienda se ha convertido en el mecanismo principal mediante el cual las familias caen hacia la precariedad, y los salarios, aunque han crecido, no alcanzan a compensar el disparo de los precios.
En números absolutos, esto significa que alrededor de 1,3 millones de personas en la Comunitat Valenciana están en riesgo de pobreza en 2024 —el 24 por ciento de la población—, una tasa que supera en cinco puntos la media nacional. Una de cada cinco familias vive en exclusión social. Lo más inquietante es que estas cifras apenas han variado en los últimos seis años. No se trata de fluctuaciones coyunturales sino de procesos que se han enquistado, que se han vuelto crónicos. El informe, el noveno de su serie, muestra una región donde la clase media se contrae, donde familias enteras se deslizan hacia estratos inferiores, donde la integración plena —la ausencia de indicadores de pobreza o exclusión— ha caído del 51 por ciento en 2018 al 44 por ciento en la actualidad.
La vivienda es el epicentro de esta fragmentación. Entre 2018 y 2024, los precios de compra subieron un 85 por ciento. El alquiler se duplicó desde 2020. Los salarios, en comparación, crecieron apenas un 16 por ciento entre 2017 y 2023. El resultado es que 1,2 millones de personas enfrentan dificultades graves en el ámbito de la vivienda. Trescientos sesenta y siete mil hogares dedican tantos recursos al pago del alquiler y los suministros que, una vez pagados, caen por debajo del umbral de la pobreza severa. Cuatrocientas mil personas residen en viviendas inseguras por inestabilidad en la tenencia. Cuatrocientas diez mil viven en espacios inadecuados, con problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. Las organizaciones advierten que cada vez hay más familias compartiendo una única habitación alquilada. Más de treinta y ocho mil quinientas personas carecen de sistema de evacuación de aguas residuales. Más de diecinueve mil viven sin agua caliente.
El empleo, que debería ser la vía de escape, ha perdido esa capacidad. Aunque el número de personas ocupadas creció casi un 15 por ciento entre 2018 y 2024, la precariedad persiste. El 14 por ciento de los hogares valencianos sufre exclusión laboral: inestabilidad grave, parcialidad involuntaria, desempleo total en todos los miembros activos del hogar. Ciento veinte mil personas trabajan en empleos de exclusión —venta a domicilio, trabajo ambulante, temporeros, reparto de propaganda, empleadas del hogar sin cualificación—. El 10,5 por ciento de las personas que trabajan se encuentra en exclusión social. Con la inflación disparada y el coste de la vivienda fuera de control, el incremento salarial se evapora antes de llegar al bolsillo.
La vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme. Las personas extranjeras enfrentan tasas de exclusión social dos veces superiores a las de nacionalidad española: el 45,5 por ciento de los extranjeros está en exclusión. La infancia y la juventud cargan con el segundo peso. La tasa de exclusión entre menores de dieciocho años es casi cuatro veces superior a la de personas de sesenta y cinco años. Los hogares con menores de edad representan el 63 por ciento de toda la población excluida de la región. Los jóvenes enfrentan una tasa de paro del 20 por ciento; la inestabilidad laboral reduce su capacidad de ahorro y emancipación, mientras que una vivienda encarecida actúa como embudo que los retiene. El género también marca diferencias: la exclusión afecta al 29 por ciento de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 18 por ciento cuando el sustentador principal es un hombre.
Frente a este panorama, FOESSA y Cáritas plantean que seguir con las mismas políticas conduce al colapso social. Proponen un nuevo pacto que ponga la vida en el centro y combata la desigualdad. En concreto, reclaman abordar la vivienda de forma estructural: ampliar el parque de alquiler social, generar mecanismos para frenar subidas abusivas de precios, ser creativos en la mejora de la oferta. Piden también tolerancia cero a la precariedad laboral, mayor capacidad recaudatoria y progresividad fiscal real. Para la población migrante, demandan un sistema de acogida digno y estable, con itinerarios que vayan más allá de lo laboral, y agilización de los procesos de regularización. Sin una política de vivienda seria, advierten, la mejora económica no se traduce en integración social.
Notable Quotes
La vivienda es el cuello de botella de la integración social en la Comunitat Valenciana y, ahora más que nunca, un derecho que debería convertirse en un pilar del estado de bienestar.— Marina Sánchez-Sierra, equipo técnico de Fundación FOESSA
Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social.— Marina Sánchez-Sierra, equipo técnico de Fundación FOESSA
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la vivienda se ha convertido en el problema central si los salarios han crecido?
Porque el crecimiento salarial es una ilusión óptica. Subieron un 16 por ciento en seis años, pero los precios de alquiler se duplicaron. La inflación se comió el aumento. Las familias no ganaron poder de compra; lo perdieron.
¿Esto afecta a todos por igual?
No. Los extranjeros tienen tasas de exclusión el doble que los españoles. Las mujeres que encabezan hogares sufren más que los hombres. Los jóvenes están atrapados: sin empleo estable, sin capacidad de ahorrar, sin acceso a vivienda. Los menores de dieciocho años tienen cuatro veces más riesgo de exclusión que los mayores de sesenta y cinco.
¿Qué significa que el 48 por ciento de inquilinos viva en riesgo de pobreza?
Significa que casi la mitad de quienes alquilan en la región están a un paso del colapso económico. Pagan el alquiler y los suministros, y lo que queda no alcanza para vivir dignamente. Algunos quedan directamente bajo el umbral de pobreza severa.
¿Hay gente viviendo en condiciones realmente malas?
Sí. Más de treinta y ocho mil personas sin sistema de evacuación de aguas residuales. Diecinueve mil sin agua caliente. Cuatrocientas diez mil en viviendas con problemas graves de habitabilidad. Y cada vez más familias compartiendo una sola habitación alquilada.
¿El empleo no rescata a nadie de esto?
Casi no. El empleo ha perdido esa capacidad. Hay gente trabajando en empleos de exclusión —vendedores ambulantes, temporeros, empleadas del hogar sin cualificación—. El 10,5 por ciento de los trabajadores está en exclusión social. El trabajo ya no es garantía de dignidad.
¿Qué proponen para resolver esto?
Políticas estructurales, no parches. Ampliar el alquiler social, frenar subidas abusivas de precios, tolerancia cero a la precariedad laboral. Pero advierten que sin una política de vivienda seria, ninguna mejora económica se traduce en integración social real.