A finales del otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desembolsó 464 millones de dólares en diez aeronaves usadas, invocando la urgencia de las deportaciones para eludir cualquier proceso de licitación competitiva. Meses después, esa flota permanece prácticamente en tierra, sin haber cumplido la misión que justificó su adquisición apresurada. El episodio revela una tensión antigua en la gestión pública: la urgencia declarada como escudo contra la transparencia, y el dinero colectivo pagando el precio de esa opacidad.