Ambos países negocian deportaciones mientras se acusan mutuamente de abusos
En un mundo donde la diplomacia se ha vuelto escasa entre Washington y Caracas, Estados Unidos renueva su advertencia más severa para Venezuela, invocando el peligro de detenciones arbitrarias, tortura y secuestros que acechan a sus ciudadanos en tierra venezolana. La medida no es solo un aviso consular: es el reflejo de una ruptura política que data de 2019 y que, lejos de sanar, continúa profundizándose. Mientras siete estadounidenses permanecen encarcelados en Venezuela, Caracas responde acusando a Washington de la misma violencia que pretende denunciar, señalando el trato a migrantes venezolanos en El Salvador como prueba de una hipocresía que ningún bando parece dispuesto a reconocer.
- El Departamento de Estado eleva Venezuela a su nivel máximo de alerta, exigiendo la salida inmediata de todos los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses del país.
- Siete ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en Venezuela bajo condiciones que organizaciones de derechos humanos describen como riesgo real de tortura y encarcelamiento injusto.
- Caracas rechaza la alerta con dureza, calificándola de propaganda racista y acto de agresión política, y contraataca señalando el confinamiento de migrantes venezolanos en El Salvador.
- La paradoja se agudiza: pese a no tener relaciones diplomáticas formales desde 2019, ambos países mantienen activo un acuerdo de deportaciones que ha repatriado a cientos de venezolanos.
- La disputa escala en el plano simbólico mientras en el plano práctico persiste una cooperación migratoria que ninguno de los dos gobiernos parece dispuesto a abandonar del todo.
El Departamento de Estado estadounidense volvió a situar a Venezuela en su categoría más severa de advertencia de viajes, instando a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato. Washington fundamenta la decisión en un riesgo extremadamente alto de detenciones injustas, tortura, secuestros y aplicación arbitraria de la ley. Es la segunda vez en tres años que se emite una alerta de este nivel, la anterior en julio de 2022.
La tensión entre ambas naciones tiene raíces profundas: en 2019, la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, Caracas cortó relaciones y Washington evacuó todo su personal diplomático. Desde entonces, Venezuela ha permanecido en el nivel máximo de alerta estadounidense de manera casi ininterrumpida. Según el Foro Penal, a febrero de 2025 había siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país, dos de ellos residentes permanentes.
Caracas respondió con un rechazo categórico, tildando la alerta de acto hostil cargado de cinismo y propaganda política. El gobierno de Maduro argumenta que Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de derechos humanos mientras migrantes venezolanos son confinados en El Salvador bajo condiciones que describe como propias de campos de concentración, con familias separadas y deportaciones que considera arbitrarias.
La contradicción más llamativa es que, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales, ambos países mantienen desde febrero un acuerdo de deportaciones que ha resultado en la repatriación de cientos de venezolanos. Maduro usa esa realidad como evidencia de hipocresía: Washington no puede advertir sobre detenciones arbitrarias en Venezuela mientras deporta a sus ciudadanos en condiciones que el propio Caracas califica de inhumanas. La disputa revela una tensión hemisférica más amplia, donde las acusaciones mutuas de violaciones de derechos humanos coexisten con canales de cooperación práctica que ninguna de las partes ha cerrado del todo.
El Departamento de Estado estadounidense volvió a colocar a Venezuela en su categoría más severa de advertencia de viajes este lunes, instando a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato. La decisión se fundamenta en lo que Washington describe como un riesgo extremadamente alto de detenciones injustas, tortura, secuestros y aplicación arbitraria de la ley. Es la segunda vez en tres años que Estados Unidos emite una alerta de este nivel para el territorio caribeño, la anterior datando de julio de 2022.
La ruptura diplomática entre ambas naciones se remonta a 2019, cuando la administración Trump reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en respuesta al anuncio de Caracas de cortar relaciones. Dos meses después, en marzo de 2019, Estados Unidos evacuó completamente su personal diplomático del país. Desde entonces, la tensión ha permanecido constante, con Washington manteniendo a Venezuela en el nivel máximo de alerta por lo que considera delitos generalizados, disturbios civiles, infraestructura sanitaria deficiente y detenciones arbitrarias.
Según datos de la ONG Foro Penal, que monitorea arrestos de naturaleza política, había siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela a febrero de 2025, dos de ellos con estatus de residentes permanentes. El comunicado oficial del Departamento de Estado enfatiza que todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales deben salir del país inmediatamente, subrayando los riesgos de tortura y detención injustificada.
Caracas respondió con un rechazo categórico, calificando la alerta como un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política diseñado para alimentar una campaña permanente de agresión contra la nación. El gobierno de Nicolás Maduro argumenta que Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de derechos humanos, dado lo que describe como el trato inhumano infligido a migrantes venezolanos en El Salvador. Caracas señala que estos migrantes han sido confinados en centros carcelarios en condiciones que recuerdan campos de concentración, con familias separadas y deportaciones que considera arbitrarias.
La ironía de la situación es que, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales, ambos países han mantenido un acuerdo de deportaciones desde febrero que ha resultado en la repatriación de cientos de venezolanos. El gobierno de Maduro utiliza esta contradicción como evidencia de la hipocresía estadounidense, argumentando que Washington no puede simultáneamente advertir sobre detenciones arbitrarias en Venezuela mientras deporta a migrantes venezolanos bajo lo que considera condiciones de confinamiento inhumano. La disputa refleja una tensión más amplia en las relaciones hemisféricas, donde ambas partes acusan a la otra de violaciones de derechos humanos mientras mantienen canales de cooperación práctica en asuntos migratorios.
Citas Notables
No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria— Departamento de Estado estadounidense
Un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país— Gobierno de Venezuela
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué Estados Unidos sigue emitiendo estas alertas si ya no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela?
Porque sus ciudadanos siguen yendo allá, a pesar de todo. La alerta es una advertencia oficial, un registro de que Washington considera el país peligroso. Es protección legal también—si algo malo sucede, el gobierno puede decir que advirtió.
Pero Caracas dice que es propaganda. ¿Hay evidencia real de que los estadounidenses están siendo detenidos?
Sí. Foro Penal, que es una organización independiente que documenta esto, reportó siete ciudadanos estadounidenses detenidos en febrero. Eso es un número concreto, verificable. No es invención.
Entonces, ¿por qué el gobierno de Maduro contraataca hablando de migrantes venezolanos en El Salvador?
Porque es verdad que hay venezolanos en centros de detención estadounidenses en condiciones muy duras. Maduro está diciendo: ustedes nos acusan de violaciones de derechos humanos, pero miren lo que hacen ustedes. Es un argumento de hipocresía.
¿Pero eso no es evadir la pregunta sobre lo que sucede en Venezuela?
No exactamente. Es señalar que ambos lados cometen abusos. El punto de Caracas es que Washington no tiene legitimidad moral para juzgar. Puede ser cierto que haya detenciones arbitrarias en Venezuela y también cierto que haya mistratos a migrantes en El Salvador.
¿Qué significa que mantengan un acuerdo de deportaciones si no tienen relaciones?
Significa que la política es más complicada que la retórica. Ambos gobiernos necesitan deportar a sus ciudadanos. Así que negocian, acuerdan, y cientos de venezolanos regresan. Pero públicamente, siguen atacándose.