En el cruce entre el comercio global y los estándares laborales, la administración Trump impuso a Chile un arancel del 12,5% —el más elevado entre 60 economías sancionadas— argumentando deficiencias regulatorias frente al trabajo forzoso. Chile rechaza la medida, señalando que ningún producto chileno específico fue identificado como producido bajo esas condiciones. Lo que se despliega ahora es una negociación diplomática donde el tiempo apremia: convertir una sobretasa en una oportunidad de diálogo, o arriesgarse a que lo provisional se vuelva permanente.