Casi tres muertes diarias en cárceles sin masacres visibles
En Ecuador, un nuevo censo penitenciario revela que 38,179 personas viven hoy privadas de libertad, casi 7,000 más que hace cuatro años. Las autoridades presentan esta contabilidad como un paso hacia la transparencia y la mejora institucional, pero los números hablan también de una crisis que no cede: muertes cotidianas, hacinamiento, enfermedad y denuncias de tortura. El Estado cuenta a sus presos mientras la pregunta más profunda permanece sin respuesta: ¿qué clase de custodia ejerce sobre ellos?
- La población carcelaria ecuatoriana creció casi un 22% en cuatro años, señal de que el sistema absorbe más cuerpos sin resolver sus fracturas estructurales.
- Al menos 1,220 reclusos murieron durante 2025 en un contexto de militarización, no en masacres puntuales sino en una mortalidad silenciosa y sostenida a lo largo del año.
- Tuberculosis, hacinamiento, raciones insuficientes, agua escasa y denuncias sistemáticas de torturas y abusos sexuales configuran el interior de los centros de reclusión.
- La justicia rechazó esta semana el hábeas corpus del activista Omar Campoverde, quien denuncia torturas y violencia sexual en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, dejándolo sin amparo inmediato.
- El censo es presentado como herramienta de gestión y transparencia, pero la brecha entre ese discurso oficial y la realidad documentada expone una crisis de legitimidad del sistema penitenciario.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad divulgó esta semana un censo que contabiliza 38,179 reclusos en Ecuador, frente a los 31,319 registrados en 2022. En menos de un lustro, la población carcelaria creció en casi 7,000 personas.
Las autoridades sostienen que el ejercicio servirá para mejorar la gestión, fortalecer la seguridad y diseñar políticas públicas más eficaces. Sin embargo, los datos coexisten con una crisis carcelaria que lleva años sin resolverse: violencia entre organizaciones criminales, hacinamiento crónico, brotes de tuberculosis y denuncias persistentes de torturas, abusos sexuales, alimentación insuficiente y acceso limitado a agua potable.
Una investigación conjunta de CONNECTAS y Tierra de Nadie documentó que durante 2025 fallecieron al menos 1,220 reclusos, no en masacres concentradas sino en una mortalidad distribuida a lo largo del año, en el marco de la militarización de los centros de privación de libertad.
Esta semana, los tribunales ecuatorianos rechazaron además el hábeas corpus presentado en favor de Omar Campoverde, activista del Movimiento Guevarista detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, quien ha denunciado públicamente torturas, violencia sexual y tratos degradantes. La negación del recurso lo deja sin protección jurídica inmediata.
La distancia entre el discurso oficial del censo y la realidad que los propios números acompañan es difícil de ignorar: un sistema que crece en población pero no en condiciones dignas enfrenta no solo una crisis de capacidad, sino una pregunta más grave sobre el trato que el Estado dispensa a quienes mantiene bajo su custodia.
El sistema penitenciario ecuatoriano alberga actualmente 38 mil 179 personas privadas de libertad, según un censo nacional divulgado esta semana por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. La cifra representa un salto considerable: hace apenas cuatro años, en 2022, el país contabilizaba 31 mil 319 reclusos. En menos de un lustro, la población carcelaria creció en casi 7 mil personas.
Las autoridades presentan el censo como un instrumento de precisión destinado a mejorar la gestión de los centros de reclusión, fortalecer la seguridad y aumentar la transparencia en la administración penitenciaria. Los datos recopilados, sostienen, permitirán diseñar políticas públicas más informadas y eficaces para la gestión de estas instituciones. Sin embargo, los números que respaldan este ejercicio de contabilidad revelan una realidad mucho más compleja y preocupante.
Desde hace varios años, las cárceles ecuatorianas enfrentan una crisis sostenida marcada por episodios recurrentes de violencia extrema, hacinamiento crónico y enfrentamientos entre organizaciones criminales. Centenares de personas han muerto en estos conflictos. En el último año, la situación se agravó con un incremento notable de casos de tuberculosis dentro de los centros de reclusión, además de denuncias sistemáticas de torturas, acceso limitado a agua potable, raciones alimentarias insuficientes, atención médica deficiente y abusos sexuales. Familiares de reclusos y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado estos hechos de manera persistente.
Una investigación conjunta de CONNECTAS y Tierra de Nadie, dos plataformas periodísticas que cubren temas de seguridad en las Américas, reveló que durante 2025 fallecieron al menos mil 220 reclusos en Ecuador. Estas muertes ocurrieron en el contexto de una militarización de los centros de privación de libertad, pero sin que se registraran masacres de gran escala. La cifra sugiere una mortalidad sostenida, casi cotidiana, distribuida a lo largo del año.
En un caso que ilustra las condiciones denunciadas, la justicia ecuatoriana rechazó esta semana un recurso de hábeas corpus presentado en favor de Omar Campoverde, un activista del Movimiento Guevarista que permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Campoverde ha denunciado públicamente haber sufrido torturas, violencia sexual y tratos degradantes durante su detención en esa instalación. La negación del recurso por parte de los tribunales deja sin protección inmediata a un detenido que ha documentado abuso sistemático.
La brecha entre los objetivos declarados del censo —mejorar la gestión y la transparencia— y la realidad que los números revelan es profunda. Un aumento de casi 22 por ciento en la población carcelaria en cuatro años, combinado con muertes en masa, torturas documentadas y colapso de servicios básicos, sugiere que el sistema penitenciario ecuatoriano no solo enfrenta una crisis de capacidad, sino una crisis de legitimidad y de respeto por los derechos fundamentales de las personas bajo custodia estatal.
Citas Notables
El proceso permitió registrar información actualizada y verificada para fortalecer la seguridad, la transparencia y la gestión carcelaria— Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI)
Omar Campoverde denunció haber sufrido torturas, violencia sexual y otros tratos degradantes dentro de la instalación— Documentación de caso en cárcel El Encuentro
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué importa que el censo sea preciso si las condiciones dentro de las cárceles siguen siendo tan graves?
Porque los números son la base de cualquier política pública. Si no sabes cuántas personas hay, dónde están, quiénes son, no puedes planificar recursos, no puedes identificar dónde está el hacinamiento más severo. Pero tienes razón en señalar la ironía: un censo bien hecho sin cambios en las condiciones es solo un retrato más claro de un desastre.
¿Qué explica ese crecimiento de casi 7 mil reclusos en cuatro años?
No está claro en los datos disponibles. Podría ser más detenciones, sentencias más largas, o simplemente que el sistema anterior no contabilizaba bien. Lo que sí es evidente es que la capacidad de las cárceles no creció al mismo ritmo, por eso el hacinamiento.
La cifra de mil 220 muertes en 2025 es enorme. ¿Cómo se distribuyen esas muertes?
La investigación de CONNECTAS y Tierra de Nadie dice que ocurrieron sin masacres de gran escala, lo que sugiere que fueron dispersas, a lo largo del año. Eso es casi tres muertes diarias. Algunos días quizá más, otros menos, pero es una mortalidad constante.
¿Qué significa que la justicia rechazara el hábeas corpus de Campoverde?
Significa que un detenido que denuncia torturas no tiene protección judicial inmediata. El hábeas corpus es el recurso más básico para alguien que dice estar siendo abusado. Si los tribunales lo niegan, ese detenido queda sin amparo legal en ese momento.
¿Hay algún signo de que esto pueda cambiar?
El censo mismo podría ser un primer paso si las autoridades lo usan para presionar cambios reales. Pero hasta ahora, los números crecen, las muertes continúan, y los recursos legales se niegan. No hay señales claras de cambio inmediato.