El ruido llegue al CNE y el organismo electoral entregue los documentos
En Ecuador, la tensión entre ciudadanía y poder institucional se hace audible: ollas, pantallas y hashtags confluyen en una sola exigencia dirigida al Consejo Nacional Electoral. La plataforma Revoca EC y organizaciones campesinas e indígenas impulsan dos solicitudes formales para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa, invocando un derecho consagrado en la Constitución. El CNE, árbitro silencioso por ahora, tiene en sus manos decidir si ese derecho avanza o se detiene, mientras el Gobierno acusa a sus promotores de usar la democracia como arma de desestabilización.
- Activistas combinaron un tuitazo masivo con cacerolazos simultáneos para forzar al CNE a entregar los formularios que permitirían recolectar firmas contra Noboa.
- Dos solicitudes de revocatoria —una de Revoca EC y otra de Fenocin con respaldo sindical— aguardan resolución en el organismo electoral, generando una presión institucional sin precedentes recientes.
- El Gobierno respondió pidiendo al CNE que archive ambos expedientes, calificando la iniciativa de maniobra desestabilizadora sin sustento jurídico.
- Para el martes siguiente a la protesta digital, los organizadores convocaron un plantón físico frente a la sede del CNE en Quito, escalando la movilización.
- El CNE anunció que se pronunciará sobre ambos casos en julio, convirtiendo ese mes en un punto de inflexión para el futuro político del país.
El lunes, ciudadanos ecuatorianos convirtieron las redes sociales en un espacio de presión colectiva, exigiendo al Consejo Nacional Electoral que entregara los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas destinadas a revocar el mandato del presidente Daniel Noboa. La convocatoria fue obra de la plataforma Revoca EC, que apostó por una doble estrategia: inundar internet con los hashtags #CNEentregaLosFormularios y #NoboaTieneMiedo, mientras en los barrios el ruido de ollas y sartenes buscaba hacerse escuchar hasta las oficinas del organismo electoral.
Washington Andrade, abogado y figura visible del movimiento, fue directo: se trataba de que el CNE sintiera, literalmente, la voz ciudadana. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano se sumó al debate para recordar que la revocatoria no es una maniobra política sino un ejercicio constitucional de soberanía popular. El activista Víctor Hugo Erazo pidió sostener la presión tanto en las calles como en el mundo digital. Para el día siguiente, los organizadores anunciaron un plantón frente a la sede del CNE en el norte de Quito.
El trasfondo es complejo: el CNE analiza dos solicitudes de revocatoria contra Noboa y su vicepresidenta. Una proviene de Revoca EC —que incluye al dirigente indígena Leonidas Iza— y otra de Fenocin, confederación campesina, indígena y afroecuatoriana respaldada por sindicatos. El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó que el pleno se pronunciará en julio y que, de admitirse las solicitudes, se entregarían los formularios.
El Gobierno, sin embargo, ha pedido que ambos expedientes sean archivados, argumentando que carecen de sustento jurídico y que sus promotores buscan desestabilizar al Estado. Esa acusación revela la fractura del momento: lo que unos ven como un derecho democrático en ejercicio, el Ejecutivo lo interpreta como un golpe institucional encubierto.
En Quito, ciudadanos ecuatorianos tomaron las redes sociales el lunes para presionar al Consejo Nacional Electoral con una demanda simple pero urgente: entregar los formularios necesarios para recopilar firmas destinadas a revocar el mandato del presidente Daniel Noboa. La convocatoria, impulsada por la plataforma Revoca EC, combinó dos estrategias de protesta simultáneas. Mientras los activistas llenaban internet con mensajes etiquetados como #CNEentregaLosFormularios y #NoboaTieneMiedo, otros ciudadanos golpeaban ollas y sartenes desde sus casas, buscando que el ruido físico llegara hasta las oficinas del organismo electoral.
Washington Andrade, abogado y uno de los rostros visibles de la iniciativa, fue claro en su convocatoria: el objetivo era que el CNE escuchara, literalmente, la voz de quienes demandaban que avanzara el proceso. La campaña ganó tracción rápidamente. Ecuatorianos de distintos sectores y organizaciones sociales se sumaron a los hashtags, convirtiendo la protesta digital en tendencia. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano intervino en el debate público para recordar que la revocatoria es un mecanismo constitucional legítimo, no una maniobra política, sino un ejercicio de soberanía popular cuando un gobierno incumple su programa de trabajo. El activista Víctor Hugo Erazo reforzó el mensaje, pidiendo que la ciudadanía mantuviera viva tanto la presión en las calles como en internet.
Los organizadores escalaron sus planes. Para el martes siguiente, anunciaron un plantón frente a la sede del CNE en el norte de Quito, donde exigirían que el organismo resolviera conforme a derecho y entregara los formularios para la recolección de firmas. El contexto que rodea esta presión es complejo. El CNE está analizando actualmente dos solicitudes de revocatoria contra Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto. La primera fue presentada por Revoca EC, un colectivo que incluye a Andrade y al dirigente indígena Leonidas Iza. La segunda proviene de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias, conocida como Fenocin, que cuenta con el respaldo de sindicatos y otras organizaciones sociales.
José Cabrera, presidente del CNE, comunicó que el pleno del organismo se pronunciaría sobre ambos expedientes durante el mes de julio. Si las solicitudes son admitidas, dijo, se entregarían los formularios para que comenzara la recolección de firmas. Pero el Gobierno ha tomado una posición defensiva. Sostiene que las solicitudes carecen de sustento jurídico y ha pedido al CNE que las archive, argumentando que quienes las promueven buscan utilizar un mecanismo constitucional legítimo para desestabilizar al Estado. Es una acusación que refleja la polarización política del momento: mientras los promotores de la revocatoria ven un derecho democrático siendo ejercido, el Ejecutivo ve un intento de golpe institucional disfrazado de participación ciudadana.
Citas Notables
La revocatoria es un mecanismo previsto en la Constitución cuando un gobierno incumple su plan de trabajo; no es pugna política, es democracia y soberanía popular en acción— Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano
El pleno prevé pronunciarse sobre ambos expedientes este mes de julio y, de ser admitidos, se entregarán los formularios para la recolección de firmas— José Cabrera, presidente del CNE
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué una campaña digital y no solo una solicitud formal al CNE?
Porque el CNE no estaba respondiendo. La plataforma Revoca EC necesitaba presión pública, ruido, para que el organismo electoral se moviera. Las redes sociales y las ollas y sartenes son el lenguaje de la urgencia cuando las instituciones no responden.
¿Qué diferencia hay entre las dos solicitudes de revocatoria que están en análisis?
Una viene de un colectivo más urbano y político, Revoca EC, con abogados y dirigentes indígenas. La otra viene de Fenocin, que representa a campesinos, indígenas y otros sectores rurales, con apoyo de sindicatos. Son bases sociales distintas, pero el mismo objetivo.
El Gobierno dice que esto es desestabilización. ¿Es una acusación justa?
Depende de cómo se vea la revocatoria. Si es un derecho constitucional, entonces ejercerlo es democracia. Si es un mecanismo que se usa para derrocar gobiernos sin elecciones, entonces sí es desestabilización. El Gobierno claramente ve lo segundo.
¿Qué pasa si el CNE dice que no a ambas solicitudes?
Entonces la presión ciudadana probablemente aumenta. Ya hay un plantón programado. Si el CNE rechaza, la pregunta se convierte en por qué un mecanismo constitucional no puede ser usado.
¿Cuál es el verdadero poder de una campaña de redes sociales en esto?
El poder es que obliga al CNE a responder públicamente. No puede ignorar una tendencia en X o ignorar ciudadanos golpeando ollas. La institución tiene que tomar una posición, y eso es lo que los organizadores querían.