Un sistema de permisos añadía burocracia a un momento que exigía fluidez
En las horas que siguieron a dos terremotos devastadores —de magnitudes 7,2 y 7,5— que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, el gobierno de Diosdado Cabello impuso restricciones de acceso a La Guaira, la región costera más afectada, exigiendo permisos previos a quienes desearan participar en labores de rescate. La medida, anunciada apenas dos días después de la tragedia, revela una tensión tan antigua como los desastres mismos: la que existe entre el impulso humano de ayudar y el instinto del poder de controlar. En un momento en que cada hora puede significar una vida, el Estado venezolano eligió administrar la solidaridad antes que liberarla.
- Dos terremotos consecutivos —7,2 y 7,5 en la escala de Richter— golpearon Venezuela el 24 de junio, dejando muertos, escombros y una región costera en estado de emergencia.
- A partir de las 8 de la noche del 26 de junio, las vías hacia La Guaira fueron cerradas al acceso libre, convirtiendo la ayuda voluntaria en un trámite burocrático.
- Los voluntarios que deseen colaborar en los rescates deben presentarse en el Poliedro de Caracas, registrarse y esperar autorización antes de poder ingresar a la zona devastada.
- El gobierno justifica las restricciones como medidas sanitarias y de orden, pero críticos advierten que la burocracia puede costar vidas en una emergencia donde cada hora cuenta.
- Que sea Diosdado Cabello —figura acusada de narcotráfico y violaciones de derechos humanos— quien encabece el anuncio añade una capa de desconfianza a una medida ya polémica.
- La crisis de La Guaira se perfila como un escenario donde el control estatal sobre la población no cede ni ante la urgencia de un desastre natural.
La noche del 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con minutos de diferencia, dejando a La Guaira —estado costero al norte del país— convertida en la zona más devastada. Hubo muertos. El país entró en duelo.
Dos días después, con los escombros aún frescos y las operaciones de rescate en curso, Diosdado Cabello anunció a través de VTV que a partir de las 8 de la noche del jueves 26 de junio las vías hacia La Guaira quedarían controladas. Cualquier persona que quisiera colaborar en los rescates debería obtener primero un permiso en el Poliedro de Caracas, donde se habilitó un centro de registro. Sin ese documento, no habría paso.
La justificación oficial apuntaba a razones sanitarias y de orden: evitar el ingreso de personas sin tareas asignadas, proteger la salud pública y facilitar el trabajo de los equipos profesionales. Cabello citó directivas de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, para respaldar la decisión.
Sin embargo, la medida generó una tensión difícil de ignorar. En desastres naturales, la velocidad es determinante: cada hora puede significar la diferencia entre rescatar a alguien con vida o no. Un sistema de permisos, por más ordenado que parezca, introduce demoras en un momento que exige todo lo contrario.
La decisión también ilumina un patrón más profundo: el del Estado venezolano gestionando la crisis desde arriba, dictando los términos de la solidaridad incluso en la emergencia. La tierra tembló, pero el control no cedió.
La noche del miércoles 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela con una violencia que dejó claro que el país enfrentaba una crisis de magnitudes impredecibles. El primero alcanzó 7,2 grados en la escala de Richter; el segundo, apenas minutos después, llegó a 7,5. La región de La Guaira, estado costero al norte del país, resultó devastada. Murieron personas. El país entró en duelo.
Dos días después, con los escombros aún humeando y las operaciones de rescate en marcha, Diosdado Cabello —figura central del gobierno venezolano y hombre buscado por la justicia estadounidense— anunció una medida que cambiaría el acceso a la zona más golpeada. A partir de las 8 de la noche del jueves 26 de junio, informó a través de VTV, el medio afín al régimen, las vías hacia La Guaira serían cerradas. No completamente, pero sí controladas.
La justificación oficial era clara: razones humanitarias y sanitarias. Cabello explicó que cualquiera que quisiera llegar a la región para participar en labores de rescate tendría que obtener un permiso previo. El lugar designado para este trámite era el Poliedro de Caracas, donde se habilitó un centro de registro. Allí, los voluntarios potenciales tendrían que presentarse, cumplir con los protocolos establecidos, y esperar autorización. Sin el papel correcto, no había paso.
La lógica presentada era que estas restricciones evitarían el ingreso de personas sin tareas específicas asignadas. De esa forma, se argumentaba, se reducirían los riesgos para la salud pública y se aceleraría el trabajo de los equipos de rescate profesionales. Cabello enfatizó la necesidad del orden en un momento de crisis, citando directivas que habían venido de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del país.
Pero la medida planteaba una tensión incómoda. En situaciones de desastre natural, la velocidad es vida. Cada hora cuenta cuando hay personas atrapadas bajo los escombros, cuando hay heridos esperando atención médica, cuando hay familias buscando a sus seres queridos. Un sistema de permisos, por bien intencionado que fuera, añadía capas de burocracia a un momento que exigía fluidez.
La decisión también reflejaba un patrón más amplio: el control estatal sobre los movimientos de la población, incluso —o especialmente— en emergencias. Que fuera Cabello quien hiciera el anuncio no era casual. Es un hombre acusado de narcotráfico, de violaciones de derechos humanos, de ser uno de los arquitectos del sistema represivo venezolano. Su voz en este contexto llevaba el peso de esa historia.
Mientras Venezuela lidiaba con la pérdida de vidas y la destrucción física de su región más afectada, el gobierno optaba por una respuesta que priorizaba el orden administrativo. Los voluntarios que querían ayudar tendrían que esperar en fila. Los rescatistas profesionales operarían dentro de un perímetro controlado. La crisis, en otras palabras, sería gestionada desde arriba, con los términos dictados por quienes ya controlaban el país antes de que la tierra temblara.
Notable Quotes
Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez— Diosdado Cabello
Con esta medida se busca limitar el ingreso de ciudadanos sin tareas asignadas en la región, mitigando así posibles riesgos de salud pública y agilizando las labores de rescate— Diosdado Cabello
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un gobierno cierra el acceso a una zona de desastre justo cuando más se necesita ayuda?
Dicen que es para evitar caos y riesgos de salud. Pero en realidad, es control. Cuando hay crisis, los gobiernos autoritarios ven una oportunidad para ejercer poder sobre los movimientos de la gente.
¿Pero no hay algo de lógica en evitar que civiles sin entrenamiento entren a una zona peligrosa?
La hay. El problema es que el sistema de permisos ralentiza todo. En rescates, cada minuto importa. Y cuando quien anuncia la medida es alguien como Cabello, la gente desconfía de que el verdadero motivo sea la seguridad.
¿Qué pasa con los voluntarios que quieren ayudar?
Tienen que ir al Poliedro de Caracas, hacer un trámite, esperar aprobación. Mientras tanto, hay gente atrapada en La Guaira. Es burocracia en el peor momento posible.
¿Esto es inusual en Venezuela?
No. Es el patrón. El régimen controla todo, incluso las emergencias. La diferencia es que esta vez el desastre es natural, no político. Pero la respuesta sigue siendo la misma: centralizar el poder, exigir permisos, filtrar quién entra y quién no.
¿Cuál es el riesgo real de estas restricciones?
Que los rescates sean más lentos. Que haya menos manos disponibles cuando se necesitan más. Que la burocracia se interponga entre la gente y la ayuda que necesita.