La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa
En el Perú de la poscrisis, donde más de sesenta vidas se perdieron entre las llamas de las protestas de diciembre de 2022, la presidenta Dina Boluarte permanece en silencio ante la Fiscalía: citada tres veces, ha pedido declarar virtualmente sin obtener respuesta. Es la paradoja de un Estado que investiga sus propias heridas mientras sus protagonistas negocian los términos de su comparecencia. La justicia, como tantas veces en la historia latinoamericana, avanza entre formalidades y silencios que pesan más que las palabras.
- Más de sesenta muertos y miles de heridos reclaman respuestas que la presidenta Boluarte aún no ha dado ante ningún fiscal.
- Tres citaciones formales han sido esquivadas bajo el argumento de que su presencia física en las oficinas fiscales podría encender nuevamente las calles.
- La Presidencia insiste en que no hay evasión, sino espera: Boluarte dice querer declarar virtualmente, pero el Ministerio Público no ha respondido su solicitud.
- Mientras tanto, la Procuraduría denuncia que fue excluida del interrogatorio al premier Otárola, revelando fracturas dentro del propio aparato estatal que investiga la crisis.
- El caso avanza sin el testimonio central, y cada día que pasa sin declaración amplía el vacío entre la urgencia de las víctimas y el ritmo de la institucionalidad.
Desde que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y fue destituido, el Perú quedó sumido en una ola de protestas que dejó más de sesenta muertos y miles de heridos. La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder en ese momento, es investigada por esos hechos, pero hasta ahora no ha declarado ante la Fiscalía de la Nación.
El Ministerio Público la ha citado en tres ocasiones. En la primera, programada para el 30 de enero, Boluarte expresó disposición a colaborar, pero solicitó hacerlo de forma virtual. Esa solicitud quedó sin respuesta. Ante una segunda citación para el 23 de febrero, su defensa repitió el pedido, argumentando que su presencia física en las instalaciones fiscales podría generar riesgos de seguridad y agitación social.
Desde el Ejecutivo se rechaza la idea de que la presidenta esté eludiendo la justicia. El gobierno sostiene que Boluarte aguarda la respuesta del Ministerio Público para ejercer su derecho a la defensa dentro del debido proceso y conforme a las prerrogativas constitucionales que la amparan. Sin embargo, casi un mes después de iniciadas las investigaciones, la Fiscalía sigue sin contar con su versión de los hechos.
El caso se complica además por irregularidades paralelas: la Procuraduría General del Estado presentó una tutela de derecho ante el Poder Judicial para anular el interrogatorio realizado al primer ministro Alberto Otárola el 16 de febrero, alegando que no fue invitada a esa diligencia y que sus representantes fueron impedidos de ingresar a la sala e incluso de firmar el acta correspondiente. Para la Procuraduría, esto es inaceptable: el Estado es el agraviado en estos delitos y debe estar presente en cada paso de la investigación.
La presidenta Dina Boluarte aún no ha comparecido ante la Fiscalía de la Nación para declarar sobre los más de sesenta muertos y miles de heridos que dejaron las protestas antigubernamentales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y fue destituido. La Fiscalía la ha citado en tres ocasiones, pero cada vez su defensa ha solicitado que el interrogatorio se realice de manera virtual en lugar de presencial.
La primera citación fue programada para el 30 de enero. En esa oportunidad, la presidenta expresó su disposición a declarar, pero pidió hacerlo a través de medios virtuales. Esa solicitud nunca fue respondida por el Ministerio Público. Cuando la Fiscalía emitió una nueva citación para el 23 de febrero, la defensa de Boluarte volvió a pedir que la diligencia fuera virtual, argumentando que su asistencia presencial a las oficinas fiscales podría generar riesgos de seguridad y provocar agitación social en las calles.
Desde la Presidencia se ha insistido en que la jefa de Estado no está eludiendo sus responsabilidades. El Ejecutivo comunicó que Boluarte mantiene su compromiso de participar en las investigaciones y que está a la espera de que el Ministerio Público responda a su solicitud de declaración virtual. Según el comunicado oficial, la presidenta desea ejercer su derecho a la defensa dentro del marco del debido proceso y las prerrogativas que le ampara la ley y la Constitución.
Sin embargo, casi un mes después de que iniciaron las investigaciones, la Fiscalía aún no cuenta con los descargos de Boluarte sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones. El silencio de la presidenta contrasta con la urgencia que rodea el caso, dado el número de víctimas mortales y la magnitud de la crisis social que atraviesa el país.
Paralelamente, han surgido cuestionamientos sobre la regularidad de otros interrogatorios en la investigación. La Procuraduría General del Estado presentó una tutela de derecho ante el Poder Judicial para anular el interrogatorio que se realizó al primer ministro Alberto Otárola el 16 de febrero. Según fuentes, la Procuraduría no fue invitada a esa diligencia, lo que constituye una irregularidad grave. Los procuradores no fueron permitidos en la sala, ni se les permitió firmar el acta de inconcurrencia. Para la Procuraduría, esto es inusual e inaceptable, ya que el Estado es el agraviado en estos delitos y debe estar representado en todas las diligencias de investigación.
Notable Quotes
La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso— Comunicado de Presidencia
No los han citado cuando el Estado es el agraviado por estos delitos. No les han permitido entrar, no han querido que los procuradores ni firmen el acta de inconcurrencia— Fuentes de la Procuraduría citadas por La República
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la presidenta insiste en declarar virtualmente si la Fiscalía ha citado presencialmente?
Su defensa argumenta que su presencia física en las oficinas fiscales podría desencadenar disturbios en las calles. Es una cuestión de seguridad pública, según dicen.
Pero eso suena como un argumento para no declarar en absoluto.
Así lo ven algunos. Sin embargo, desde Presidencia sostienen que ella está dispuesta a hacerlo, solo que bajo otras condiciones. El problema es que la Fiscalía no ha respondido a esa solicitud.
¿Cuánto tiempo ha pasado sin que ella declare?
Casi un mes desde que comenzaron las investigaciones. Fue citada en enero, luego en febrero, y en ambas ocasiones pidió lo mismo: que fuera virtual.
¿Y qué hay de los otros funcionarios? ¿Ellos sí han declarado?
El primer ministro Otárola sí fue interrogado, pero la Procuraduría dice que el proceso fue irregular. No fue invitada a participar, lo que viola el protocolo cuando el Estado es la parte agraviada.
Entonces hay problemas en toda la investigación.
Parece que sí. No solo está el retraso con la presidenta, sino también cuestionamientos sobre cómo se están conduciendo los interrogatorios a otros funcionarios.