No hay que despedir a nadie. Tienen los mecanismos.
Ante las turbulencias económicas desatadas por el conflicto en Irán, el Gobierno español se dispone a aprobar un decreto anticrisis que coloca la protección del empleo y el control energético en el centro de su respuesta. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha trazado una línea clara: las empresas que reciban ayudas públicas no podrán reducir plantillas sin devolver lo recibido, replicando una lógica ya ensayada en crisis anteriores. En este momento de incertidumbre, el Estado vuelve a invocar las herramientas forjadas durante la pandemia como escudo frente al desempleo masivo.
- La guerra de Irán sacude la economía española y obliga al Gobierno a actuar con urgencia antes del próximo martes.
- Yolanda Díaz declara 'prioritarias' la contención del precio de la energía y la prohibición de despidos vinculados a causas energéticas.
- Las empresas que accedan a subvenciones estatales quedarán atadas a sus plantillas: despedir implicará devolver las ayudas recibidas.
- El Gobierno descarta el IVA cero en alimentos, argumentando que solo engrosa los márgenes empresariales sin aliviar al consumidor.
- Congelación de alquileres, freno a desahucios e intervención fiscal en combustibles completan un paquete que busca proteger a familias y sectores productivos.
El Gobierno español ultima un decreto anticrisis que se aprobará el próximo martes, diseñado para responder al impacto económico de la guerra de Irán. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó los pilares del paquete tras una ronda de consultas parlamentarias impulsada por el ministro Félix Bolaños —a la que Vox se negó a sumarse—.
Díaz ha señalado como ejes «prioritarios» el control del precio de la energía y la garantía de que no habrá despidos. Para ello, el decreto contempla prohibir los despidos «por causas energéticas» en aquellas empresas que reciban ayudas públicas: quienes reduzcan plantilla deberán devolver las subvenciones, replicando el modelo aplicado durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania. La ministra también recordó que los ERTE y el Mecanismo RED siguen vigentes como alternativas al despido, y pidió a las empresas que los utilicen antes de tomar decisiones drásticas.
El paquete se extiende a otros frentes: el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, trabaja en medidas para congelar alquileres y detener desahucios, mientras Hacienda evalúa intervenir en la fiscalidad del gasoil y la gasolina para aliviar costes en hogares y sectores productivos.
Una propuesta que el Gobierno ha rechazado expresamente es el IVA cero en alimentos, defendida esta semana por el presidente de Mercadona y respaldada por la patronal. Díaz argumentó que esta medida no reduce los precios finales, sino que amplía los márgenes de las distribuidoras, citando la experiencia previa: «Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios».
El Gobierno español se prepara para aprobar el próximo martes un decreto de medidas anticrisis centrado en proteger el empleo y controlar los precios de la energía, en respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció este jueves los pilares de un paquete que ha sido diseñado tras una ronda de contactos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, completó con los grupos parlamentarios —excepto Vox, que rechazó participar— para recopilar propuestas de estabilización económica.
Entre las iniciativas que conformarán el decreto, Díaz ha señalado como «prioritarias» dos líneas de acción: el control del precio de la energía y la garantía de que no habrá despidos. La dirigente gallega, que también ocupa la cartera de Trabajo, ha enfatizado que las empresas cuentan ya con herramientas disponibles para evitar reducir plantillas, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el Mecanismo RED, ambos vigentes en la legislación laboral desde que demostraron su utilidad durante la pandemia de covid-19. En una entrevista en TVE, Díaz ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a las empresas, instándolas a recurrir a estos mecanismos antes que optar por despidos.
La prohibición de despedir «por causas energéticas» emerge como una medida probable que se incluirá en el decreto. Esta restricción se aplicaría específicamente a aquellas empresas que accedan a las ayudas que el Gobierno pondrá en marcha: si reciben subvenciones estatales, no podrán disminuir su plantilla, y de hacerlo, deberán devolver las subvenciones recibidas. Esta fórmula replica el enfoque utilizado en crisis anteriores, incluida la guerra de Ucrania, cuando se implementaron restricciones similares para proteger el empleo en sectores vulnerables.
Más allá de la protección del empleo, el Gobierno trabaja en otros frentes de estabilización. El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está desarrollando medidas para congelar los alquileres y detener los desahucios, buscando aliviar la presión sobre las familias. Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda evalúa intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y la gasolina para reducir costes tanto en los sectores productivos más afectados como en los hogares.
Una medida que el Gobierno ha descartado explícitamente es la aplicación de IVA cero a los alimentos, una propuesta que esta semana defendió Juan Roig, presidente de Mercadona, y que cuenta con el apoyo de la patronal empresarial. Díaz ha argumentado que rebajar el IVA en alimentos es contraproducente porque no reduce los precios finales al consumidor, sino que simplemente amplía los márgenes de beneficio de las empresas distribuidoras. «Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios», ha señalado, rechazando una medida que considera ineficaz desde el punto de vista de la protección del poder adquisitivo.
El decreto que se aprobará el martes representa el primer paquete de iniciativas anticrisis del Gobierno, con énfasis en mantener la estabilidad laboral y controlar los costes energéticos que amenazan tanto a empresas como a familias. Las medidas reflejan una estrategia que prioriza el mantenimiento del empleo sobre otras intervenciones, utilizando herramientas ya disponibles en el marco legal y añadiendo restricciones específicas para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Citas Notables
Bajar el IVA de los alimentos es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución— Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Gobierno insiste tanto en los ERTE si ya están vigentes desde hace años?
Porque funcionaron. Durante la pandemia evitaron despidos masivos permitiendo que las empresas pausaran contratos sin romperlos. Ahora, ante una crisis energética, el Gobierno quiere recordar que esa herramienta sigue disponible antes de que las empresas opten por despedir.
¿Qué diferencia hay entre prohibir despidos y simplemente pedir a las empresas que no despidan?
La diferencia es la consecuencia. Si una empresa recibe dinero público y luego despide, tiene que devolver lo que recibió. Es una obligación con dientes, no una recomendación.
¿Por qué rechazar el IVA cero en alimentos si parece una medida popular?
Porque la experiencia demuestra que no funciona. Cuando se rebaja el IVA, los distribuidores no bajan los precios; simplemente se quedan con la diferencia. El consumidor no ve beneficio real.
¿Qué sectores son los más vulnerables a esta crisis energética?
Los que dependen directamente de energía: transporte, industria, agricultura. Por eso el Gobierno también trabaja en congelar precios de gasoil y gasolina, no solo la electricidad.
¿Qué pasa si una empresa rechaza los ERTE y despide de todas formas?
Si no ha recibido ayudas públicas, puede hacerlo legalmente. Pero si las recibió, debe devolverlas. El decreto crea un incentivo: aceptar ayuda significa comprometerse a mantener empleo.