En Cuba, donde el Estado ha sido históricamente el gran empleador y árbitro de la vida económica, el Decreto 164 marca un giro sutil pero significativo: las empresas estatales podrán ahora diseñar sus propios sistemas salariales sin pedir permiso, atando el destino del ingreso de cada trabajador al desempeño colectivo de su empresa. Es una apuesta por la eficiencia como motor de bienestar, dentro de los límites de un modelo que sigue siendo socialista. La pregunta que subyace, como en toda reforma de este tipo, es si la autonomía concedida será suficiente para despertar la productividad que se