La única forma de garantizar seguridad es con todo el personal en funciones
En Santa Cruz, un conflicto salarial entre la policía provincial y el gobierno ha escalado hasta atraer la atención del Estado nacional: la Secretaría de Trabajo de la Nación se sentó esta semana en una mesa que, hasta ahora, no ha movido ninguna cifra. La presencia de funcionarios nacionales revela que la disputa ha dejado de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en una cuestión de orden y legitimidad institucional. Sin acuerdo a la vista, ambas partes acordaron lo mínimo posible: volver a verse el miércoles.
- El personal policial y penitenciario de Santa Cruz sostiene una medida de fuerza que pone en riesgo la continuidad de los servicios de seguridad en toda la provincia.
- La propuesta salarial del gobierno provincial no ha cambiado ni un centavo, dejando a los trabajadores en actividad y en retiro sin respuesta a sus demandas.
- La Nación irrumpió en la negociación enviando a su Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, señal de que el conflicto ya preocupa más allá de las fronteras provinciales.
- La funcionaria nacional presionó para que se levante el paro y se garantice el funcionamiento pleno del personal, pero su pedido no produjo ningún acuerdo inmediato.
- El único resultado concreto de la reunión fue fijar una nueva audiencia para el miércoles 1° de julio a las 18:00 horas, con el conflicto intacto y la incertidumbre en pie.
El conflicto salarial entre la policía de Santa Cruz y el gobierno provincial alcanzó esta semana una nueva dimensión cuando la Secretaría de Trabajo de la Nación decidió sumarse a las negociaciones. Mara Mentoro, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se presentó el martes en la Sala de la Escuela de Policía junto a un amplio abanico de actores: funcionarios provinciales, la cúpula policial, directivos del Servicio Penitenciario y delegaciones de trabajadores en actividad y jubilados.
A pesar de la concurrencia y del peso institucional de los presentes, la reunión funcionó más como un cuarto intermedio que como una sesión de negociación real. Lo esencial no se movió: la propuesta salarial del gobierno provincial permaneció sin cambios, y los trabajadores continuaron sin recibir una oferta que satisfaga sus reclamos. Mentoro subrayó que la seguridad provincial solo puede garantizarse con el personal completo en funciones, un argumento que apunta directamente a la medida de fuerza en curso, pero que no alcanzó para desactivarla.
La intervención nacional sugiere que el conflicto ha ganado peso político más allá de lo local. Santa Cruz es una provincia pequeña pero sensible, y el deterioro de sus servicios de seguridad genera presiones que el gobierno central no puede ignorar. Aun así, el resultado fue modesto: una nueva audiencia quedó pactada para el miércoles 1° de julio a las 18:00 horas. Hasta entonces, el personal policial y penitenciario permanece en una situación de incertidumbre, sin saber cuándo —ni si— sus demandas serán finalmente escuchadas.
El conflicto salarial que enfrenta a la policía de Santa Cruz con el gobierno provincial llegó esta semana a un nuevo escenario: la mesa de negociaciones recibió la presencia de funcionarios del gobierno nacional. La Secretaría de Trabajo de la Nación, a través de su Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, se sumó el martes a las conversaciones que buscan resolver una disputa que permanece sin avances sustanciales.
La reunión se llevó a cabo en la Sala de la Escuela de Policía, aunque técnicamente funcionó como un cuarto intermedio más que como sesión formal de la mesa salarial. Allí convergieron representantes de múltiples sectores: el gobierno provincial con su secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, y la subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Micaela González; la cúpula policial encabezada por el jefe de Policía, Diego Agüero, y su subjefe, Luis Bordón; directivos del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos la directora ejecutiva Araceli Arias; y una amplia delegación de trabajadores en actividad y jubilados que incluía presidentes de asociaciones civiles, suboficiales y sargentos de ambas fuerzas.
Lo que no cambió en esta reunión fue lo fundamental: la propuesta salarial que el gobierno había presentado días antes permanece sin modificaciones. Los trabajadores policiales y penitenciarios continúan sin recibir una oferta que satisfaga sus demandas, lo que mantiene viva la medida de fuerza que han sostenido. Durante los intercambios, Mentoro enfatizó un argumento que el gobierno nacional parece considerar central: que la única forma de garantizar la seguridad en la provincia es con la totalidad del personal cumpliendo sus funciones normalmente, lo que implícitamente apunta a la necesidad de levantar el paro.
La intervención de funcionarios nacionales en una negociación local de salarios sugiere que el conflicto ha escalado en importancia política. Santa Cruz es una provincia pequeña pero estratégica, y un colapso en los servicios de seguridad genera presiones que trascienden lo provincial. Sin embargo, la presencia de Mentoro y su equipo no produjo un quiebre en las posiciones: ambas partes acordaron simplemente continuar conversando.
Lo que sí quedó definido fue el próximo movimiento. El miércoles 1° de julio a las 18:00 horas está programada una nueva audiencia. En esa sesión, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se intentará nuevamente destrabar un conflicto que ya ha generado tensiones significativas en la continuidad de los servicios de seguridad provincial. Mientras tanto, el personal policial y penitenciario en actividad y en retiro permanece en una situación de incertidumbre, sin claridad sobre cuándo sus demandas salariales serán atendidas o si la medida de fuerza que sostienen logrará producir cambios en la posición del gobierno.
Notable Quotes
La única forma de garantizar la seguridad es con la totalidad del personal desempeñando sus funciones— Mara Mentoro, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el gobierno nacional decidió intervenir en una negociación que hasta ahora era provincial?
Probablemente porque un paro policial en Santa Cruz afecta la seguridad de toda una región y genera presiones políticas que suben hasta Buenos Aires. Cuando los servicios de seguridad se paralizan, el costo político es alto para cualquier gobierno.
¿Qué significa que la propuesta salarial no haya cambiado?
Significa que el gobierno provincial no movió su posición. Los trabajadores vinieron esperando una mejora en la oferta y se encontraron con lo mismo. Es un mensaje: por ahora, no hay dinero nuevo sobre la mesa.
¿Cuál fue el argumento que usó la funcionaria nacional?
Que la seguridad solo funciona si todos están trabajando. Es una forma de presionar indirectamente a los trabajadores para que levanten el paro, sin necesariamente ofrecer algo a cambio.
¿Qué pasa si el miércoles tampoco hay acuerdo?
Entonces el conflicto se prolonga. Los trabajadores tendrían que decidir si continúan con la medida de fuerza o buscan otra estrategia. Y el gobierno nacional tendría que decidir si presiona más o si cede en algo.
¿Quiénes están más afectados por todo esto?
El personal en actividad que necesita el dinero, y los jubilados que probablemente dependen completamente de esos ingresos. Pero también la provincia entera, porque sin policía y penitenciarios trabajando normalmente, la seguridad se resiente.