Ninguna vulneración a la dignidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado
En el interior de un colegio de Rancagua, alumnas rompieron el silencio para denunciar que compañeros comercializaban material íntimo de menores, exponiendo una herida que ninguna institución educativa debería tener que nombrar. El Colegio Marista respondió con protocolos, denuncias formales y un reconocimiento explícito del daño, pero la comunidad escolar permanece suspendida entre la urgencia de proteger a las víctimas y las exigencias del debido proceso. Este caso recuerda que la violencia sexual no siempre llega desde afuera, y que la dignidad de los más jóvenes requiere vigilancia constante dentro de los propios espacios que deberían resguardarla.
- Alumnas de tercero y cuarto medio emitieron un comunicado público denunciando que compañeros vendían fotografías y videos íntimos de menores, sacudiendo a toda la comunidad educativa.
- La preocupación más inmediata de las víctimas no es abstracta: los presuntos responsables siguen asistiendo a las mismas aulas y compartiendo los mismos pasillos que ellas.
- El colegio activó protocolos internos y presentó denuncias formales ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Educación en cuanto tomó conocimiento de los hechos.
- La dirección, firmada por el rector Claudio Castillo, validó el comunicado de las alumnas y prometió medidas de resguardo, pero advirtió que la reserva de información es una obligación legal cuando hay menores involucrados.
- La investigación avanza en manos de la justicia y las autoridades educativas, mientras la tensión entre protección inmediata y debido proceso define el clima del establecimiento.
El Colegio Marista de Rancagua se encuentra en el centro de una investigación por una presunta red de pornografía infantil que habría operado desde adentro del propio establecimiento. Fueron las propias alumnas afectadas —de tercero y cuarto medio— quienes tomaron la iniciativa: emitieron un comunicado público en el que denunciaron que compañeros suyos comercializaban material audiovisual y fotografías íntimas de menores, y exigieron a las autoridades medidas concretas y una investigación que respetara el debido proceso.
Más allá de la gravedad de los hechos, las denunciantes señalaron una situación que consideran insostenible: los presuntos involucrados continúan asistiendo a clases y compartiendo espacios con muchas de las víctimas, lo que genera una tensión cotidiana difícil de sostener.
Horas después de que el comunicado estudiantil circulara, la dirección del colegio respondió públicamente. El rector Claudio Castillo confirmó que el establecimiento ya había presentado denuncias formales ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Educación, y valoró explícitamente el gesto de las alumnas. El comunicado institucional subrayó que ninguna vulneración a la dignidad o intimidad de un integrante de la comunidad —especialmente de niñas y jóvenes— tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado de cada persona.
Sobre la preocupación de compartir espacios con los presuntos responsables, el colegio indicó que ha adoptado y seguirá adoptando medidas de resguardo conforme a su Reglamento de Convivencia Escolar. La dirección aclaró que la reserva de información no equivale a inacción, sino que responde a una exigencia legal de protección de todos los menores involucrados. Las sanciones disciplinarias previstas en el reglamento, descritas como severas para faltas de esta naturaleza, serán aplicadas una vez concluido el proceso. La investigación sigue su curso en manos de la justicia, mientras la comunidad escolar navega una situación de profunda tensión.
El Colegio Marista de Rancagua enfrenta una investigación por una presunta red de pornografía infantil operada desde adentro del establecimiento. Alumnas de tercero y cuarto medio denunciaron públicamente que compañeros suyos comercializaban material audiovisual y fotografías íntimas de menores de edad, exponiendo y vulnerando la privacidad sexual de las víctimas.
La denuncia llegó en forma de comunicado emitido por las propias estudiantes afectadas, quienes expresaron su repudio total a la situación y exigieron a las autoridades adoptar medidas concretas. Las denunciantes pidieron que se iniciara una investigación seria que respetara el debido proceso, permitiendo que los responsables asumieran las consecuencias de sus actos. Más allá de la investigación misma, las alumnas manifestaron una preocupación específica y urgente: que los presuntos involucrados continuaban asistiendo a las mismas clases y compartiendo los mismos espacios que muchas de las víctimas.
Horas después de que el comunicado estudiantil circulara, la dirección del colegio respondió con su propio comunicado dirigido a la comunidad educativa. El establecimiento confirmó que se encuentra investigando los hechos denunciados y que ya había presentado denuncias formales ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Educación. El rector Claudio Castillo firmó el comunicado, en el cual el colegio valoró explícitamente el comunicado de las alumnas y afirmó compartir plenamente su preocupación por la seguridad e integridad de sus compañeras.
En el texto, la dirección enfatizó que ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de la comunidad educativa, particularmente de niñas y jóvenes, tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y la protección de cada persona. Según el comunicado, desde el momento en que el colegio se enteró de los hechos, activó inmediatamente sus protocolos internos y realizó las denuncias correspondientes a la justicia y a las autoridades educativas.
Respecto de la preocupación expresada por las alumnas sobre compartir espacios con los presuntos involucrados, el colegio indicó que ha adoptado y continuará adoptando las medidas de resguardo que cada situación amerite, conforme a su Reglamento de Convivencia Escolar, mientras el debido proceso sigue su curso. La dirección aclaró que no puede entregar mayores detalles de los hechos porque menores de edad están involucrados, pero subrayó que esta reserva no es sinónimo de inacción, sino una exigencia del debido proceso y de la protección de todas las personas menores de edad involucradas, exigencia que la ley les impone.
El colegio destacó que su reglamento de convivencia interno contempla medidas disciplinarias severas para faltas de esta naturaleza y gravedad, las cuales serán aplicadas una vez concluido el proceso correspondiente. La investigación continúa en manos de las autoridades judiciales y educativas, mientras la comunidad escolar permanece en una situación de tensión entre la necesidad de proteger a las víctimas y el respeto al debido proceso que debe guiar cualquier acción disciplinaria.
Citações Notáveis
Ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de nuestra comunidad tiene cabida en un colegio que se define por el cuidado y la protección de cada persona— Rector Claudio Castillo, Colegio Marista de Rancagua
Las alumnas expresaron preocupación de que los involucrados continúen presentes en los mismos patios y salas que muchas de las víctimas— Comunicado de estudiantes denunciantes
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Cómo es posible que algo así ocurra dentro de un colegio sin que nadie se diera cuenta antes?
No es que nadie se diera cuenta. Fueron las propias alumnas quienes decidieron romper el silencio y denunciar públicamente. Eso requiere un coraje enorme, especialmente cuando los presuntos responsables siguen siendo tus compañeros de clase.
¿Por qué el colegio no puede simplemente expulsar a los involucrados de inmediato?
Porque están involucrados menores de edad, y la ley exige que se respete el debido proceso. Sin eso, podrías terminar castigando a inocentes o violando derechos fundamentales. Es una tensión real: proteger a las víctimas mientras se garantiza justicia.
Pero mientras eso ocurre, ¿las víctimas tienen que seguir viendo a estos compañeros todos los días?
Exactamente. Ese es el problema que las alumnas plantearon. El colegio dice que está tomando medidas de resguardo, pero la realidad es que la investigación puede tomar meses. Para una víctima, eso es insoportable.
¿Qué tan grave es que esto haya ocurrido en un colegio religioso?
Añade una capa de decepción. Un colegio marista se define públicamente por el cuidado y la protección. Cuando eso falla, especialmente en algo tan grave, la confianza de toda la comunidad se quiebra.
¿Qué sigue ahora?
La investigación judicial determinará quiénes estuvieron involucrados y en qué medida. El colegio aplicará sus medidas disciplinarias una vez que eso se resuelva. Pero el daño ya está hecho, y la pregunta que queda es cómo una institución educativa permite que algo así suceda.