1.009 expulsiones por trámites, 125 por delitos: la mayoría no son criminales
Desde que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en marzo de 2026, el Estado ha deportado a 1.174 extranjeros —entre ellos ocho ecuatorianos en un vuelo militar del 12 de julio— como expresión de un giro deliberado hacia el control estricto de la migración irregular. Detrás de cada cifra hay una historia distinta: algunos partieron por documentos vencidos, otros por delitos graves, y miles más eligieron marcharse solos tras los terremotos de junio. Chile se encuentra en ese umbral donde la política de seguridad y la pregunta sobre la hospitalidad del Estado se miran frente a frente.
- Un avión militar despegó el 12 de julio con 40 deportados rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia, el séptimo operativo de este tipo en apenas cuatro meses de gobierno.
- La velocidad es llamativa: en solo tres días, entre el 9 y el 12 de julio, el número de expulsiones saltó de 1.134 a 1.174, señal de una maquinaria administrativa en plena aceleración.
- Los delitos citados por las autoridades —robo con violencia, tráfico de drogas, abuso sexual— conviven con causas tan mundanas como un permiso vencido, lo que complica el debate público sobre quién merece ser expulsado.
- Más de 330.000 personas viven en situación irregular en Chile, y 6.384 ya han salido voluntariamente, muchas de ellas venezolanas que aceleraron su partida tras los terremotos del 24 de junio.
- El gobierno avanza en la construcción de muros y zanjas en la frontera norte, convirtiendo lo que era política en infraestructura permanente y profundizando la fractura en la sociedad chilena sobre cómo tratar a las poblaciones migrantes.
El domingo 12 de julio, un avión militar chileno partió con 40 personas a bordo hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Entre ellas viajaban ocho ecuatorianos cuya expulsión se sumaba a una cifra en crecimiento constante: 1.174 extranjeros deportados desde que José Antonio Kast asumió la presidencia en marzo. Era apenas el séptimo operativo de este tipo, pero ilustraba con claridad la dirección que tomaba la política migratoria del nuevo gobierno.
De los 40 deportados en ese vuelo, 28 fueron expulsados por razones administrativas —documentos deficientes, permisos vencidos— y 12 enfrentaban procesos judiciales por delitos como robo con violencia, tenencia de armas, infracciones a leyes de drogas y abuso sexual. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue explícito al describir esos casos. En cuanto a las nacionalidades, viajaban 20 colombianos, 12 bolivianos y 8 ecuatorianos.
Tres días antes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había reportado 1.134 deportaciones en total: 1.009 por causas administrativas y 125 por procesos judiciales. El ritmo acelerado sugería que la remoción de migrantes irregulares se había convertido en un eje central de la agenda de seguridad del gobierno.
El contexto era más amplio y más humano. Chile albergaba más de 330.000 extranjeros en situación irregular, pero no todos esperaban ser expulsados. Simultáneamente, 6.384 personas habían salido de manera voluntaria, y de ellas, 911 lo hicieron después de los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio. La mayoría de quienes partían por decisión propia eran venezolanos: cerca del 77 por ciento de las salidas voluntarias desde enero correspondía a ciudadanos de Venezuela.
Mientras tanto, la administración Kast avanzaba en la construcción de muros y zanjas en la frontera norte para frenar el ingreso irregular. Esas obras convertían la política en infraestructura duradera y profundizaban un debate que dividía a la sociedad chilena: cómo equilibrar la seguridad del Estado con la responsabilidad frente a quienes llegan buscando una vida distinta.
El domingo 12 de julio, un avión militar chileno despegó con 40 personas a bordo rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia. Entre ellos viajaban ocho ecuatorianos cuya expulsión se sumaba a una cifra cada vez más voluminosa: 1.174 extranjeros deportados desde que José Antonio Kast asumió la presidencia en marzo. El vuelo representaba apenas el séptimo operativo de este tipo bajo la nueva administración, pero reflejaba una política migratoria que se estaba endureciendo con velocidad.
De los 40 deportados en ese vuelo, 28 fueron expulsados por razones administrativas —documentación deficiente, permisos vencidos, irregularidades en sus registros— mientras que 12 enfrentaban procesos judiciales. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue explícito sobre los delitos que motivaban estas últimas expulsiones: robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, infracciones a leyes de drogas y abuso sexual. La nacionalidad de los deportados se distribuía así: 20 colombianos, 12 bolivianos y 8 ecuatorianos, aunque las autoridades no especificaron cuántos de estos últimos enfrentaban cargos penales versus problemas administrativos.
La cifra de 1.174 expulsiones en lo que iba del año reflejaba una aceleración notable. Según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, apenas tres días antes —el 9 de julio— se había reportado un total de 1.134 deportaciones. De ese número, 1.009 correspondían a causas administrativas y 125 a procesos judiciales. El ritmo de expulsiones sugería que el gobierno estaba priorizando la remoción de migrantes irregulares como parte central de su agenda de seguridad y control fronterizo.
El contexto que rodeaba estas deportaciones era complejo. Chile albergaba más de 330.000 extranjeros en situación irregular según el Instituto Nacional de Estadísticas, una población que el gobierno veía como un desafío de gobernanza. Pero no todos los migrantes estaban siendo forzados a partir. Simultáneamente, 6.384 personas habían abandonado el país de manera voluntaria. De estos, 911 salidas se produjeron después de los terremotos que sacudieron la región el 24 de junio. La mayoría de quienes se iban por propia decisión eran venezolanos: aproximadamente el 77 por ciento de las 4.896 personas que habían salido voluntariamente desde enero correspondía a ciudadanos de Venezuela.
Esta combinación de expulsiones forzadas y salidas voluntarias pintaba un cuadro de una migración en movimiento constante. Los terremotos de junio parecían haber acelerado decisiones que muchos migrantes ya estaban considerando. Mientras tanto, la administración Kast avanzaba con planes más ambiciosos: la construcción de muros y zanjas en la frontera norte para contener el flujo irregular de personas. Estas medidas dividían a la sociedad chilena, generando debates sobre seguridad, humanidad y la responsabilidad del Estado frente a poblaciones vulnerables. Lo que quedaba claro era que Chile estaba en medio de un giro significativo en su política migratoria, uno que combinaba la expulsión sistemática con la construcción de barreras físicas.
Notable Quotes
Los deportados por delitos enfrentaban cargos por robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, infracciones a leyes de drogas y abuso sexual— Frank Sauerbaum, director de Migraciones de Chile
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el gobierno de Kast está acelerando estas deportaciones precisamente ahora?
La cifra de 330.000 extranjeros irregulares es demasiado grande para ignorarla políticamente. Kast llegó con una agenda de seguridad fronteriza, y las deportaciones son su forma de demostrar que está actuando. Pero también hay algo más: los terremotos de junio crearon una ventana donde muchos migrantes decidieron irse solos.
¿Eso significa que las deportaciones y las salidas voluntarias están conectadas?
No directamente, pero sí en el sentido de que crean un efecto combinado. Cuando ves que el gobierno está expulsando gente y construyendo muros, algunos migrantes deciden que no vale la pena quedarse. Los venezolanos especialmente: ya enfrentaban terremotos, ahora enfrentan una política más hostil.
Los 12 deportados por delitos graves —robo, drogas, abuso sexual— ¿son la justificación real para todo esto?
Son la justificación que el gobierno presenta. Pero mira los números: de 1.174 expulsiones, solo 125 son por delitos judiciales. El resto, 1.009, son administrativas. Eso sugiere que la mayoría de las deportaciones no tienen que ver con criminales, sino con gente que simplemente no tiene los papeles en orden.
¿Y los muros que están construyendo en la frontera norte?
Eso es el siguiente paso. Las deportaciones son reactivas —sacas gente que ya está adentro. Los muros son preventivos. Juntos, forman una estrategia de contención que dice: no queremos que entren, y si entran, los sacamos.
¿Qué pasa con los ecuatorianos que fueron deportados?
Los ocho ecuatorianos en ese vuelo desaparecen de la cifra. No sabemos sus historias individuales, si fueron por robo o por documentos vencidos. Eso es lo que falta en estos números: la humanidad detrás de cada expulsión.