En un momento en que el crimen organizado transnacional desafía las fronteras del derecho y las finanzas, Chile da un paso deliberado hacia la transparencia coercitiva: su Congreso ha constituido una comisión mixta para examinar si el secreto bancario —ese escudo histórico de la privacidad financiera— puede y debe ceder ante la necesidad de perseguir el dinero sucio. La iniciativa, impulsada por el senador Juan Luis Castro y presidida por Karim Bianchi, plantea una pregunta que muchas democracias modernas enfrentan: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad colectiva?