El proyecto reduce expectativas respecto a 2018: de diez millones a un millón de pasajeros anuales, esquivando así la reserva legal que Aena tiene sobre aeropuertos de interés general. La iniciativa cuenta con apoyo regional de Madrid y Castilla-La Mancha, así como interés de Ryanair en generar competencia tarifaria, pero requiere aprobación de Transportes y Defensa.