Las banderas no lograron frenar lo que la técnica había decidido
Nueve familias fueron desalojadas de un edificio en el Centro de Medellín tras orden de demolición por riesgo estructural emitida por el Dagrd. Los ocupantes intentaron frenar el desalojo con banderas y una tutela judicial, pero la Inspección 10B ejecutó la medida el jueves en la madrugada.
- Nueve apartamentos desalojados en el barrio Boston, Centro de Medellín
- Orden emitida por el Dagrd basada en concepto de riesgo estructural tras creciente de quebrada en 2021
- Edificio de aproximadamente 80 años con estructura original sobre cauce de quebrada
- Desalojo ejecutado el jueves a las 6 de la mañana pese a tutela y protestas
- Disputa sobre vulnerabilidad: autoridades advierten pérdida de un tercio de estructura; afectados aseguran solidez
Se ejecutó el desalojo de 9 apartamentos en un edificio del barrio Boston de Medellín tras orden de riesgo estructural, generando conflicto entre protección de vidas y derechos de habitantes sin alternativa de vivienda.
A las seis de la mañana del jueves, las patrullas policiales y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden llegaron a la cuadra de la carrera 37 con calle 55, en el barrio Boston del Centro de Medellín. Los nueve apartamentos del edificio que se levantaba allí estaban a punto de ser evacuados. En la fachada colgaban banderas y avisos de protesta—un recurso que décadas atrás había funcionado en las invasiones de los años ochenta, cuando los ocupantes izaban el pabellón nacional y cantaban el himno nacional esperando que la Fuerza Pública se detuviera. Esta vez no funcionó.
La orden de desalojo y demolición provenía de la Inspección 10B de Paz y Convivencia, que se basaba en un concepto del Dagrd, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, que había determinado que la construcción presentaba un riesgo estructural grave. El procedimiento comenzó cuando la inspectora cortó los servicios públicos. Luego, durante horas, los ocupantes fueron sacando sus pertenencias mientras agentes les ayudaban. El trabajo se extendió hasta cerca de las tres de la tarde. Según la normativa, cada familia recibiría tres meses de alquiler como compensación.
Pero había una última esperanza que no se materializó. Juan Guillermo Betancur, quien actuaba como vocero de los afectados, esperaba un fallo de última hora del Juzgado 15 Administrativo que habría ordenado nuevos estudios para verificar si realmente existía el riesgo estructural. Mientras tanto, como medida cautelar, habría frenado la demolición. El fallo no llegó a tiempo. Margarita Gómez, esposa de Betancur y dueña de uno de los apartamentos, interpuso una queja ante la Procuraduría ese mismo 25 de junio, argumentando que la sentencia del juez debería haber detenido la diligencia y que la funcionaria había violado sus derechos humanos al cortar la energía y el agua.
Esta evacuación exponía una tensión profunda: la necesidad de proteger la vida y la salud de las personas frente a estructuras peligrosas, versus la realidad de quienes no tenían otro lugar adónde ir o dependían del arrendamiento de esos inmuebles para sobrevivir. El edificio había sido objeto de dos órdenes de policía anteriores, en 2021 y 2024, que disponían su evacuación y demolición, pero ambas habían sido frenadas mediante tutelas. Finalmente, la Inspección 10B fijó el jueves como fecha perentoria para ejecutar las medidas.
La historia del edificio comenzó hace más de cinco años, cuando una creciente de la quebrada La Aguadita, que corre por la parte trasera, destruyó una losa y varios muros. La construcción misma tenía unos ochenta años. Sus dueños originales la habían levantado sobre el cauce de la quebrada, pero construyeron muros de contención a ambos lados y dejaron una altura de al menos seis metros desde el lecho hasta el primer piso, permitiendo que el agua fluyera libremente. Sin embargo, quienes vivían en el sótano decidieron ampliar el espacio construyendo otra losa a unos dos metros sobre el lecho, aprovechando los muros de contención como soporte, y agregaron muros divisorios para crear habitaciones.
El Dagrd explicó lo que sucedió: escombros de otro edificio que habían sido levantados aguas arriba cayeron al agua y formaron una barrera justo a la altura del edificio. La presión del aire comprimido y el material acumulado hicieron que la losa explotara. El concepto oficial señalaba un riesgo alto de inundación y describía el "colapso de muros de carga al interior de la edificación, dejando expuesta y vulnerable la zona suroriental". Según el Dagrd, el edificio "perdió el soporte de aproximadamente un tercio de su estructura" y dos columnas de concreto en el costado nororiental podrían resultar afectadas si ocurría otro evento similar.
Los voceros de los afectados presentaban una versión completamente distinta. Aseguraban que la estructura era totalmente sólida, sin fisuras visibles, y que la prueba estaba en que había permanecido en pie durante ochenta años y más de cinco años después de la inundación sin que ocurriera nada adicional. Argumentaban que lo que sucedió en enero se debió a factores externos—el taponamiento de la quebrada aguas arriba y los escombros que destruyeron la adición construida años después de la edificación original, pero sin afectar la estructura fundamental. Decían contar con dos informes de expertos que respaldaban su posición. La disputa sobre la verdadera vulnerabilidad del edificio permanecía abierta, mientras nueve familias enfrentaban la incertidumbre de dónde vivirían y cómo resolverían sus necesidades básicas.
Notable Quotes
La estructura es totalmente sólida, no tiene ninguna fisura y prueba de ello es que se ha sostenido ocho décadas en pie— Voceros de los afectados
El edificio perdió el soporte de aproximadamente un tercio de su estructura y dos columnas de concreto podrían resultar afectadas en caso de otro evento— Concepto del Dagrd
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué las banderas no funcionaron esta vez si habían funcionado en los años ochenta?
Porque el contexto cambió. En los ochenta, la Fuerza Pública a veces se detenía ante símbolos de nacionalidad. Ahora hay una orden administrativa basada en un concepto técnico de riesgo. No es lo mismo enfrentar discreción que enfrentar un procedimiento.
¿Cuál es la verdadera razón del desalojo? ¿El riesgo real o algo más?
Eso es lo que nadie puede responder con certeza. El Dagrd dice que hay colapso estructural. Los afectados dicen que la estructura aguantó ochenta años y cinco más después del evento. Ambos tienen documentos que los respaldan. Es una disputa técnica que se convirtió en un conflicto de derechos.
¿Qué pasa con las familias ahora?
Reciben tres meses de alquiler. Pero eso no es suficiente para resolver dónde vivir cuando no tienes ingresos estables. Algunos dependían del arrendamiento de esos apartamentos para comer. Otros simplemente no tienen adónde ir.
¿Hay algún camino legal aún abierto?
Margarita Gómez presentó una queja en la Procuraduría. Pero la diligencia ya se ejecutó. Lo que queda es intentar demostrar que la orden fue injusta, pero eso no devuelve a las familias a sus casas.
¿Por qué el juez no frenó el desalojo a tiempo?
No se sabe si el fallo llegó tarde o si simplemente no llegó. Lo que es claro es que la Inspección 10B consideró que la orden era perentoria y no podía esperar más. El riesgo, según ellos, era demasiado grave.