En el equilibrio frágil entre fiscalización y tiempo, la Cámara de Diputados de Chile constituyó este lunes una comisión investigadora para examinar la gestión de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert. La decisión llegó no por convicción espontánea, sino empujada por un calendario constitucional implacable: el 19 de agosto vence el plazo para exigirle responsabilidad política. Así, la democracia chilena enfrenta una vez más la tensión entre la urgencia de rendir cuentas y los límites que el propio sistema impone a esa rendición.