Una nueva dictadura en ciernes en América Central
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha anunciado su candidatura a la reelección en 2024, desafiando una prohibición constitucional que durante décadas definió los límites del poder ejecutivo. Una Corte Suprema cuyos magistrados fueron designados por legisladores afines a su partido reinterpretó la norma para allanarle el camino, ilustrando cómo las instituciones democráticas pueden ser capturadas desde adentro sin necesidad de un golpe de Estado clásico. Con una popularidad que ronda el 80 por ciento, Bukele encarna una paradoja que América Latina conoce bien: el líder que llega por voluntad popular y, amparado en ella, desmonta los contrapesos que protegen esa misma voluntad.
- Bukele desafía abiertamente la Constitución al anunciar su reelección, convirtiendo una norma fundamental del Estado salvadoreño en letra muerta.
- La Sala Constitucional, integrada por jueces leales al presidente tras la destitución de los magistrados independientes, reinterpretó el artículo 152 para legitimar lo que la ley prohibía.
- Miles de personas han sido encarceladas en redadas masivas contra pandillas, duplicando la población carcelaria en meses y multiplicando los reportes de abusos de derechos humanos.
- Bukele ya controla el Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, dejando a los medios independientes como el único contrapeso que aún resiste.
- La comunidad internacional observa sin reaccionar con contundencia, y la OEA permanece en silencio mientras analistas advierten que El Salvador avanza hacia una dictadura consolidada.
En septiembre de 2022, Nayib Bukele anunció que buscaría la reelección presidencial en 2024, ignorando el artículo 152 de la Constitución salvadoreña, que prohíbe expresamente que quien haya ejercido la presidencia pueda postularse de inmediato para un nuevo mandato. La maniobra fue posible gracias a una resolución emitida un año antes por la Sala de lo Constitucional, que reinterpretó esa misma norma para declarar viable su candidatura. Lo revelador es el origen de esa Corte: sus magistrados fueron elegidos por un Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas, luego de que los jueces anteriores —considerados independientes— fueran destituidos en lo que expertos describen como una operación política deliberada.
Bukele se permite este desafío institucional porque su popularidad nunca ha caído por debajo del 80 por ciento desde que asumió el poder en 2019. Su campaña agresiva contra las pandillas, que durante décadas sembraron terror en el país, le ha granjeado una legitimidad que muchos ciudadanos sienten como seguridad concreta. Sin embargo, esa misma cruzada ha derivado en redadas masivas donde miles de personas han sido detenidas como sospechosas, duplicando la población carcelaria en meses y generando denuncias sistemáticas de abusos.
Analistas como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y Francisco Belaúnde coinciden en que El Salvador sigue el patrón de líderes que llegan al poder por vía electoral y luego desmantelan los contrapesos democráticos desde adentro. Bukele ya controla los poderes del Estado, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad; solo los medios independientes escapan a su órbita, aunque sobreviven en un clima de hostilidad creciente. Mientras la OEA guarda silencio y la presión internacional no se materializa, el país avanza hacia un escenario donde las libertades se contraen progresivamente, protegidas paradójicamente por la misma popularidad que las erosiona.
En septiembre de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció públicamente que se presentaría como candidato a la reelección en los comicios de 2024, un movimiento que desafía directamente lo que establece la Constitución de su país. La Carta Magna es clara en su artículo 152: quien haya ejercido la presidencia durante más de seis meses no puede ser candidato nuevamente si lo hizo en el período inmediato anterior o en los seis meses previos al inicio del nuevo mandato presidencial. Antes de 2021, la norma era aún más restrictiva: los expresidentes debían esperar una década completa antes de poder volver a postularse.
Pero Bukele encontró el camino abierto gracias a una decisión judicial que cambió todo. En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución reinterpretando ese mismo artículo 152, concluyendo que sí permitía que el mandatario participara en una segunda contienda electoral. El Tribunal Supremo Electoral, a su vez, señaló que respetaría esa resolución y permitiría que Bukele se inscribiera como candidato cuando llegara el momento. Lo que hace esta maniobra particularmente significativa es quién controla esa Corte Suprema: los jueces que emitieron la resolución fueron elegidos por un Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas, la agrupación política de Bukele. Los magistrados anteriores, considerados independientes y rigurosos en su interpretación constitucional, fueron destituidos en lo que expertos describen como una operación política orquestada por el presidente.
Bukele puede permitirse este riesgo político porque goza de una popularidad extraordinaria. Desde que asumió el poder en junio de 2019 a los 41 años, el llamado "presidente millennial" ha mantenido un nivel de aceptación que nunca ha caído por debajo del 80 por ciento. Esa confianza proviene principalmente de su campaña agresiva contra las pandillas que han sembrado terror en El Salvador durante décadas. Para muchos ciudadanos, su mano dura representa seguridad en un país donde la violencia ha sido una constante devastadora.
Lo que está sucediendo en El Salvador, según analistas internacionales, sigue un patrón que se ha repetido en otros lugares de América Latina: el surgimiento de líderes que llegan al poder a través de elecciones democráticas pero que, una vez en el cargo, proceden sistemáticamente a debilitar las instituciones de control y a capturarlas para sí mismos. José Miguel Vivanco, abogado y exdirector para las Américas de Human Rights Watch, describe esto como un liderazgo autoritario y populista que aprovecha la legitimidad electoral para desmantelar los contrapesos democráticos. El analista Francisco Belaúnde va más allá, caracterizando lo que ocurre como "una nueva dictadura en ciernes en América Central". Bukele ya controla el Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público, la Policía y el Ejército. Lo único que escapa a su dominio son los medios de comunicación independientes, aunque estos luchan por sobrevivir en un ambiente de hostilidad permanente.
La represión ha aumentado notablemente bajo este gobierno. Miles de personas han sido detenidas en redadas contra sospechosos de pertenecer a pandillas, y la población carcelaria se ha duplicado en cuestión de meses. Si bien las maras representan una amenaza real y extremadamente peligrosa, los expertos señalan que la línea entre proteger a la población civil y convertir a todos en sospechosos se ha difuminado peligrosamente, creando un escenario donde los abusos de derechos humanos proliferan. Vivanco enfatiza que las violaciones a derechos fundamentales se han incrementado, un fenómeno que típicamente ocurre cuando no existen instituciones democráticas independientes capaces de ejercer control efectivo contra el abuso de poder.
La pregunta que queda es si la comunidad internacional responderá. Hasta el momento no ha habido pronunciamientos contundentes. La Organización de Estados Americanos podría intervenir si suficientes países lo solicitan, pero tales reacciones aún no se materializan. Belaúnde observa que en el contexto actual, con varios países de la región gobernados por líderes autoritarios, es poco probable que haya presión internacional significativa contra las acciones de Bukele. El Salvador se encamina hacia un futuro donde las libertades se contraerán progresivamente y las voces críticas serán cada vez más silenciadas, todo bajo la cobertura de una popularidad que, paradójicamente, facilita la consolidación del poder sin contrapesos.
Citações Notáveis
Es un liderazgo autoritario y populista donde el que llega al poder por las urnas, una vez en el cargo, debilita los órganos de control y se apodera de ellos— José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch
Bukele es una persona autoritaria a quien no le interesa la democracia y aprovecha su enorme popularidad para imponer lo que quiere hacer— Francisco Belaúnde, analista internacional
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué un presidente con 80 por ciento de apoyo necesita reescribir la Constitución para permanecer en el poder?
Porque la popularidad y el poder legal no son lo mismo. Bukele tiene legitimidad electoral, pero eso no le da derecho a ignorar las reglas que todos acordaron. Lo que está haciendo es usar esa popularidad como escudo para cambiar las reglas a su favor.
¿Cómo logró que la Corte Suprema reinterpretara la ley de esa manera?
Primero destituye a los jueces que eran independientes. Luego coloca jueces afines. Cuando esos nuevos jueces emiten una resolución que contradice el lenguaje claro de la Constitución, nadie puede detenerlo porque controla el Congreso que los eligió.
Pero si la gente lo apoya, ¿no debería poder gobernar como quiera?
Ese es exactamente el argumento de todo autoritario. La democracia no es solo mayoría; es mayoría con límites. Sin esos límites, la mayoría puede votar por su propia esclavitud. Por eso existen las constituciones.
¿Qué pasa con los detenidos en esas redadas contra pandillas?
Miles de personas arrestadas, muchas solo sospechosas. La población carcelaria se duplicó en meses. Sí, las pandillas son peligrosas, pero cuando todos son sospechosos, los abusos se vuelven sistemáticos.
¿Puede la comunidad internacional hacer algo?
Podría, pero no lo está haciendo. Otros países tienen sus propios líderes autoritarios. No hay incentivo para reclamar.