Garantizar competencia justa sin perder la ambición inicial
En el corazón de una Europa que busca no quedar rezagada en la carrera tecnológica global, Bruselas ha fijado julio como el momento en que se abrirá formalmente la convocatoria para construir cinco gigafactorías de inteligencia artificial. El aplazamiento desde la fecha prevista revela la tensión inherente a todo proyecto colectivo de gran escala: conciliar la ambición compartida con los intereses particulares de cada nación. Con 20.000 millones de euros en juego y un horizonte operativo de 2027-2028, Europa apuesta a que la infraestructura puede ser la respuesta a su desafío más urgente.
- La convocatoria oficial para las gigafactorías de IA se retrasa hasta julio tras negociaciones tensas entre Bruselas y los estados miembros, que exigen garantías de competencia justa antes de comprometer fondos.
- La avalancha de interés —76 propuestas de 16 países para 60 ubicaciones distintas— desbordó las previsiones y complicó el proceso, convirtiendo un trámite en una pugna diplomática.
- España emerge como uno de los actores más activos, con candidaturas en Barcelona y Galicia, y el Gobierno ya constituyó la sociedad mercantil para la gigafactoría de Tarragona con Santander, ACS y Telefónica al frente del capital privado.
- El cronograma es exigente: las instalaciones deben estar operativas entre 2027 y 2028, encadenándose con el nuevo Marco Financiero Plurianual europeo que arranca en 2028, lo que deja un margen mínimo para tropiezos.
La Comisión Europea ha establecido julio como fecha definitiva para abrir oficialmente la convocatoria de gigafactorías de inteligencia artificial, tras un acuerdo alcanzado en EuroHPC JU el 1 de junio. Lo que parecía un trámite se convirtió en una negociación compleja: cada estado miembro quiere asegurar su lugar en la que se perfila como la carrera tecnológica más importante de la próxima década, y Bruselas debe equilibrar esa presión sin rebajar la exigencia técnica del proyecto.
La apuesta europea es de gran envergadura: cinco gigafactorías equipadas con cerca de 100.000 chips de última generación, cuatro veces más potentes que las infraestructuras actuales, financiadas con 20.000 millones de euros dentro de un presupuesto total de 200.000 millones. En 2025, la fase de expresiones de interés recibió 76 propuestas de 16 países para 60 ubicaciones distintas, una respuesta que superó todas las previsiones y que, paradójicamente, complicó el avance al multiplicar las exigencias de garantías.
España ha jugado bien sus cartas. Con candidaturas en Barcelona y Galicia, el Gobierno dio un paso decisivo al aprobar en Consejo de Ministros la constitución de la sociedad que gestionará la gigafactoría de Tarragona. El capital privado tendrá el 51%, liderado por Banco Santander, ACS y Telefónica con un 15,67% cada uno, más Multiverse Computing con un 4%. El Estado retendrá el 47,99% a través de SEPI Digital y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, mientras la Generalitat de Cataluña conservará el 1% restante. La estructura permite la entrada de nuevos socios conforme avance el proyecto.
El calendario es ajustado: las gigafactorías deben estar operativas entre 2027 y 2028, justo cuando arranque el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE para el período 2028-2034. Julio no es solo una fecha administrativa; es el pistoletazo de salida de una carrera en la que Europa ha decidido que no puede permitirse llegar tarde.
La Comisión Europea ha fijado julio como la fecha definitiva para abrir oficialmente las puertas a los proyectos de gigafactorías de inteligencia artificial, tras un acuerdo alcanzado el 1 de junio en el seno de EuroHPC JU. Lo que parecía un trámite administrativo se ha convertido en una negociación compleja entre Bruselas y los estados miembros, cada uno queriendo asegurar su lugar en lo que promete ser la carrera tecnológica más importante de la próxima década.
La estrategia europea es ambiciosa: construir cinco gigafactorías de IA equipadas con cerca de 100.000 chips de última generación, máquinas cuatro veces más potentes que las fábricas actuales. Solo para levantar estas infraestructuras, la Comisión ha destinado 20.000 millones de euros de un presupuesto total de 200.000 millones para profundizar en el desarrollo de la inteligencia artificial europea. El retraso en el lanzamiento oficial refleja la dificultad de equilibrar dos objetivos que no siempre van de la mano: garantizar una competencia justa entre estados miembros sin diluir la ambición inicial del proyecto.
Hasta ahora, la Comisión ha estado en una fase preliminar, recibiendo expresiones de interés de los países. En 2025, la respuesta fue abrumadora: 76 propuestas llegaron desde 16 estados miembros para 60 ubicaciones diferentes, superando con creces lo que los planificadores esperaban. Ese entusiasmo, sin embargo, también ha complicado las cosas. Cada país quiere garantías de que tendrá oportunidades reales de ganar, pero la Comisión necesita mantener la exigencia técnica y la calidad del proyecto.
España ha posicionado bien sus fichas en este tablero. El país cuenta con dos candidaturas potenciales en Barcelona y Galicia, y acaba de dar un paso decisivo: el Consejo de Ministros aprobó la constitución de la sociedad mercantil que gestionará la gigafactoría de Tarragona. La estructura es un reflejo de cómo Europa intenta mezclar capital privado con control público. El sector privado tendrá mayoría con un 51%, liderado por un consorcio que reúne a Banco Santander, ACS y Telefónica, cada uno con una participación del 15,67%, más Multiverse Computing con un 4%. El Gobierno español mantendrá el 47,99% a través de SEPI Digital y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, mientras que la Generalitat de Cataluña conservará un 1%. La estructura está diseñada para ser flexible, permitiendo la entrada de nuevos socios según avance el proyecto.
En el panorama español también figuran otras candidaturas: Morá La Nova en Tarragona, el centro de San Fernando de Henares en Madrid gestionado por Iron Mountain, y una propuesta de Merlin Properties que finalmente ofreció su campus de Lisboa a Portugal, aunque también puso sobre la mesa el campus de Bilbao-Arasur, compartido con Iberdrola, como alternativa para España.
El anuncio de julio no es solo una fecha administrativa. Permite a los estados miembros comprometer fondos de manera gradual y actúa como puente hacia el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que cubrirá el período 2028-2034 y establecerá las bases presupuestarias para estas infraestructuras. Las gigafactorías deben estar operativas entre 2027 y 2028, un cronograma ajustado que deja poco margen para retrasos. La carrera por la supremacía tecnológica en inteligencia artificial ya está en marcha, y Europa ha decidido que no puede permitirse quedarse atrás.
Citações Notáveis
Las negociaciones para llevar a término esta convocatoria han sido difíciles, principalmente porque se trata de un acuerdo entre la EuroHPC y los estados miembros, a quienes se les debía garantizar una oportunidad justa de competir, pero sin perder la ambición inicial de la iniciativa— Fuentes de la Comisión Europea
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué tanto tiempo para simplemente anunciar una convocatoria? Parece que debería ser un trámite rápido.
Porque detrás hay intereses de 16 países diferentes. Cada uno quiere garantías de que puede competir de verdad, no solo participar. Bruselas tiene que convencer a todos de que el proceso es justo sin sacrificar la calidad técnica del proyecto.
¿Y por qué España tiene ventaja si hay 76 propuestas de otros países también?
Porque ya tiene dos ubicaciones potenciales identificadas, Barcelona y Galicia, y acaba de estructurar legalmente su candidatura principal en Tarragona. Mientras otros países aún están negociando, España ya está construyendo la arquitectura de gobernanza. Eso cuenta.
Veo que el sector privado controla el 51% de la gigafactoría de Tarragona. ¿No es eso un riesgo para los intereses públicos?
Es un equilibrio deliberado. El Gobierno mantiene casi el 48% y puede bloquear decisiones importantes. Pero necesita capital privado para que funcione como empresa, no como burocracia. La estructura está pensada para ser flexible, para traer nuevos socios según sea necesario.
¿Qué pasa si España no gana? ¿Pierde los 20.000 millones?
No exactamente. Los 20.000 millones se distribuirán entre las cinco gigafactorías que se construyan. Si España gana una o dos, obtiene parte de eso. Si no gana ninguna, el dinero va a otros países. Por eso el nivel de competición es tan alto.
¿Cuál es el verdadero riesgo aquí?
Que el cronograma es muy ajustado. Deben estar operativas entre 2027 y 2028. Eso significa que desde julio, cuando se abra la convocatoria, hasta que estén funcionando, hay menos de dos años. Cualquier retraso en las negociaciones o en la construcción pone en peligro todo el plan.