El Estado boliviano queda con menos de lo que debería
Bolivia, custodio de una de las mayores reservas de litio del planeta, lleva más de doce años intentando convertir esa riqueza en industria sin lograrlo. Ahora, dos contratos firmados con consorcios ruso y chino por más de mil millones de dólares prometen un nuevo comienzo, pero despiertan sospechas sobre quién se beneficia realmente. En el fondo, la historia de Bolivia y su litio es la historia universal de un pueblo que posee una fortuna que aún no sabe cómo hacer suya.
- Doce años de promesas incumplidas han dejado a Bolivia atrapada como exportadora de materia prima, mientras países competidores avanzan en la cadena de valor del litio.
- Los contratos con Uranium One Group y el consorcio chino CATL contemplan beneficios adicionales para los inversores —intereses, costos recuperables y bonos por tonelada— que, según críticos, inclinan la balanza lejos del Estado boliviano.
- La aprobación legislativa del contrato chino ocurrió entre acusaciones de soborno, mientras comunidades aimaras salen a las calles exigiendo mayor participación en las regalías.
- Activistas ambientales alertan que la Extracción Directa de Litio demanda reactivos químicos y agua en una región donde ese recurso es escaso y frágil.
- El gobierno defiende los acuerdos como rentables en múltiples escenarios de precios, pero sin un plazo fijo para la aprobación final, el debate podría extenderse más allá de las elecciones presidenciales de agosto.
Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, el metal que alimenta baterías y vehículos eléctricos. Durante más de doce años, el país ha intentado dar el salto de proveedor de materia prima a exportador de productos elaborados. Ese salto sigue sin llegar.
El primer intento comenzó en 2012 con la construcción de 160 piscinas de evaporación en el Salar de Uyuni. El plan era sencillo en teoría, pero el salar se inunda buena parte del año, condición que los diseñadores no anticiparon. Las piscinas que operan producen litio de calidad inferior, no apto para baterías de alto rendimiento.
En 2021, el gobierno de Luis Arce apostó por una tecnología distinta: la Extracción Directa de Litio. En noviembre de 2024 firmó dos contratos —uno con la empresa rusa Uranium One Group y otro con un consorcio cuya matriz es CATL, la mayor productora de baterías del mundo— por una inversión conjunta de aproximadamente 1.030 millones de dólares. Ambos acuerdos aún requieren aprobación de la Asamblea Legislativa.
Los términos formales otorgan al Estado el 51% de las ganancias, pero un análisis más detallado revela capas adicionales de beneficios para los inversores: recuperación de inversión y costos operativos, un interés del 12% sobre el capital inicial y 1.700 dólares por tonelada producida. La Fundación Solón ha denunciado que estos términos favorecen a las corporaciones. La aprobación en comisión ocurrió entre acusaciones de soborno.
Las objeciones no son solo económicas. Comunidades indígenas aimaras protestan por los impactos ambientales del proceso, que requiere reactivos químicos y grandes volúmenes de agua en una región donde ese recurso es escaso. En Potosí, dirigentes cívicos reclaman que el departamento recibirá apenas el 3% de las regalías, frente al 11% que Tarija percibió por hidrocarburos.
El gobierno sostiene que los proyectos son rentables en múltiples escenarios y que podrán detenerse si la etapa de factibilidad no resulta viable. Pero sin un plazo fijo para la aprobación legislativa, el debate podría prolongarse hasta después de las elecciones de agosto, cuando una nueva administración podría replantear todo. Bolivia sigue esperando que su mayor riqueza se convierta, por fin, en prosperidad real.
Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del planeta, un metal estratégico que alimenta baterías, vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Durante más de doce años, el país ha intentado convertir esa riqueza subterránea en una industria manufacturera moderna, en un salto que lo llevaría de ser un simple proveedor de materia prima a exportador de productos elaborados. Hasta ahora, ese salto no ha llegado.
En 2012, el gobierno boliviano construyó 160 piscinas de evaporación sobre 22.000 hectáreas en el Salar de Uyuni, en Potosí, a 85 kilómetros del municipio de Colcha K. El proceso era simple en teoría: dejar que la salmuera se evaporara bajo el sol para separar los elementos químicos que luego serían procesados en carbonato de litio. Pero la realidad del terreno no cooperó. El salar sufre inundaciones durante buena parte del año, condiciones que ralentizan la evaporación y que los diseñadores del proyecto no anticiparon adecuadamente. Décadas después, no todas las piscinas funcionan. Las que operan producen litio de calidad inferior, no apto para baterías de alto rendimiento, lo que mantiene a Bolivia atrapada en la exportación de materia prima sin valor agregado.
En 2021, el gobierno de Luis Arce decidió cambiar de rumbo. En lugar de insistir con las piscinas de evaporación, lanzó convocatorias internacionales para adoptar una tecnología distinta: la Extracción Directa de Litio, un proceso que extrae la salmuera mediante métodos químicos alternativos. En noviembre de 2024, Bolivia firmó dos contratos. Uno con la empresa rusa Uranium One Group. Otro con CBC Hong Kong Investment Corporation, un consorcio cuya casa matriz es CATL, la productora de baterías de litio más grande del mundo. Juntos, estos acuerdos contemplan la construcción de tres plantas e implican una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares. Ambos contratos requieren aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para entrar en vigencia.
Los términos aparentan ser equilibrados: las empresas recibirán el 49% de las ganancias y el Estado boliviano el 51%. Pero el análisis más detallado revela capas adicionales de beneficios para los inversores. En el caso del contrato con el consorcio chino, que ya fue aprobado por la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, la empresa recuperará su inversión inicial, sus costos operativos y de mantenimiento, más el 49% de utilidades, más un interés del 12% sobre su inversión inicial, más 1.700 dólares por cada tonelada de carbonato de litio producido. Según la Fundación Solón, una organización que ha cuestionado los acuerdos, estos términos favorecen significativamente a las corporaciones sobre el Estado. La aprobación en comisión ocurrió entre gritos y acusaciones de que legisladores habían recibido sobornos a cambio de votos favorables.
Las objeciones van más allá de la rentabilidad. Activistas ambientales advierten sobre los costos ecológicos de la extracción directa, que requiere reactivos químicos y volúmenes sustanciales de agua en una región donde garantizar ese suministro es problemático. Comunidades indígenas aimaras han salido a protestar. En Potosí, donde se encuentra la principal reserva de litio, los dirigentes cívicos reclaman que el departamento recibirá solo el 3% de las regalías, una cifra que consideran insuficiente comparada con el 11% que Tarija percibió por hidrocarburos. Ese reclamo, sin embargo, toca un problema más profundo: las regalías están fijadas en la Ley Minera, y modificarlas requeriría cambios legislativos que van más allá de estos contratos específicos.
El gobierno defiende los acuerdos, argumentando que los cálculos de rentabilidad se basan en múltiples escenarios de precios internacionales del litio y que los proyectos se ejecutarán por fases, con la posibilidad de detenerlos si la etapa de factibilidad no demuestra viabilidad. Omar Alarcón, presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos, la empresa estatal, sostiene que en todos los escenarios el proyecto es rentable. Pero el tiempo transcurre sin que la industria despegue. Desde YLB indican que no hay plazo fijo para la aprobación legislativa, lo que significa que el debate podría prolongarse indefinidamente. Algunos en el gobierno sospechan que la oposición busca dilatar la aprobación hasta después de las elecciones presidenciales de agosto, cuando una nueva administración podría replantear la estrategia.
Lo que está claro es que Bolivia, a pesar de poseer una de las mayores reservas de litio del mundo, sigue rezagada en su industrialización. Doce años de proyectos, cambios de dirección, millones de dólares invertidos sin retorno visible, y ahora contratos que generan más desconfianza que esperanza. La Fundación Solón teme que estos acuerdos, lejos de concretar el sueño boliviano de transformación industrial, se conviertan en una pesadilla de entreguismo y desigualdad.
Citações Notáveis
En todos los escenarios el proyecto es rentable— Omar Alarcón, presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos
La firma de estos contratos podría convertirse en una pesadilla de entreguismo y desigualdad— Fundación Solón, organización que cuestionó los acuerdos
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué Bolivia, siendo dueña de tanta riqueza en litio, no ha logrado desarrollar la industria en doce años?
Porque cometió errores fundamentales desde el inicio. Las piscinas de evaporación que construyó en 2012 no fueron diseñadas pensando en las inundaciones del salar. El terreno no coopera con la tecnología que eligieron.
¿Y por eso ahora firma contratos con Rusia y China?
Exacto. En 2021 decidieron cambiar de tecnología completamente, pasar a la Extracción Directa de Litio. Pero esos contratos nuevos generan más preocupación que soluciones.
¿Qué preocupa exactamente?
Que las empresas extranjeras terminan ganando más de lo que parece. El 49% de ganancias que reciben es solo la parte visible. Hay intereses, costos por tonelada, recuperación de inversión. El Estado boliviano queda con menos de lo que debería.
¿Y las comunidades locales qué dicen?
Protestan. Los aimaras ven que el agua será usada para extraer litio mientras ellos viven en una región que ya sufre escasez. Y Potosí reclama que el 3% de regalías es injusto comparado con lo que otros departamentos recibieron por otros recursos.
¿Hay posibilidad de que estos contratos no se aprueben?
Es incierto. Hay resistencia en el parlamento, en las calles, en organizaciones civiles. Algunos sospechan que la oposición quiere dilatar la votación hasta después de las elecciones presidenciales de agosto, para que una administración nueva pueda replantearlo todo.
¿Entonces Bolivia sigue sin resolver su problema de litio?
Sigue atrapada. Doce años de intentos, millones gastados, y la industria no despega. Ahora depende de si aprueba estos contratos o si encuentra otra ruta. Pero el tiempo no espera.