El silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia
En Salamanca, una denuncia por sumisión química presentada por alumnas de un máster jurídico ha llevado al Colegio de la Abogacía a apartar preventivamente de la docencia al concejal Alejandro Pérez de la Sota, quien llegó al Ayuntamiento en 2023 bajo las siglas de Vox. La institución actúa con cautela, sin prejuzgar, pero con la firmeza de quien reconoce que la protección de las más vulnerables no puede esperar a que la justicia complete su curso. El caso abre, una vez más, la pregunta sobre cuándo debe la política anticiparse al derecho y cuándo debe cederle el paso.
- Alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía denunciaron al concejal por presunta sumisión química ocurrida durante una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, sacudiendo a la comunidad jurídica salmantina.
- El Colegio de la Abogacía reaccionó con una Junta de Gobierno Extraordinaria y suspendió de inmediato las funciones docentes y de supervisión del acusado, dejando claro que la medida es preventiva y no implica condena.
- Desde el entorno del concejal se alega que aún no ha recibido notificación formal de la denuncia, lo que le impide pronunciarse sobre unos hechos que desconoce en detalle.
- El PSOE exige transparencia y advierte que pedirá la dimisión si la investigación avanza, mientras Izquierda Unida ya reclama su renuncia inmediata por considerar las acusaciones suficientemente graves.
- El caso fractura el consistorio salmantino y convierte los próximos pasos judiciales en el eje que determinará tanto el futuro del concejal como la presión política que deberá soportar.
El martes, el Colegio de la Abogacía de Salamanca decidió suspender temporalmente de sus funciones docentes a Alejandro Pérez de la Sota, concejal no adscrito que llegó al Ayuntamiento en 2023 con Vox. La medida llegó tras una denuncia de alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía, quienes le acusan de sumisión química durante la cena de la Escuela de Práctica Jurídica celebrada el jueves anterior.
La Junta de Gobierno Extraordinaria del Colegio, reunida el 8 de junio de 2026, subrayó que la suspensión tiene carácter estrictamente preventivo y no supone prejuzgamiento ni vulneración de la presunción de inocencia. La institución expresó su máxima preocupación por los hechos, su apoyo incondicional a las afectadas y activó medidas inmediatas para garantizar su seguridad y la continuidad académica. Desde el entorno del concejal, mientras tanto, se señaló que este aún no había recibido notificación formal de la denuncia y que, por tanto, no podía pronunciarse.
La reacción política no tardó. El PSOE, a través de su portavoz municipal María Sánchez, reclamó respeto a la presunción de inocencia pero advirtió que el silencio es incompatible con la transparencia exigible a un cargo público, y anunció que pedirá la dimisión si la investigación judicial avanza. Izquierda Unida fue más contundente: exigió la renuncia inmediata, argumentando que las acusaciones constituyen una forma de violencia contra la mujer demasiado grave para esperar.
Esa diferencia de enfoque entre ambas formaciones de izquierda refleja un debate más amplio sobre cómo actuar ante denuncias de esta naturaleza. Lo que ya es evidente es que el caso ha abierto una fractura en el consistorio salmantino, y que el devenir de la investigación judicial marcará tanto el futuro político del concejal como la intensidad de las presiones que habrá de afrontar.
El Colegio de la Abogacía de Salamanca tomó la decisión el martes de apartar temporalmente de sus funciones docentes a Alejandro Pérez de la Sota, concejal no adscrito que llegó al Ayuntamiento en 2023 bajo las siglas de Vox. La medida se produce tras una denuncia presentada por alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, quienes acusan al abogado de sumisión química. Según reportes de medios locales, los hechos denunciados habrían ocurrido durante la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca celebrada el jueves anterior.
Desde el entorno del concejal se ha manifestado que Pérez de la Sota aún no ha recibido notificación formal de denuncia alguna y que, por tanto, no puede pronunciarse sobre los hechos mientras no conozca los detalles específicos de lo que se le imputa. El Colegio de la Abogacía, en un comunicado de su Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2026, explicó que la suspensión temporal responde a un criterio preventivo, sin que ello implique prejuzgamiento alguno ni menoscabo de la presunción de inocencia. La decisión afecta tanto a su actividad docente como a las prácticas externas que pudiera estar supervisando.
La institución colegial expresó su máxima preocupación por lo denunciado y manifestó su apoyo incondicional hacia las personas afectadas. Desde que tuvo conocimiento de la situación, ha puesto en marcha medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad y protección de las alumnas, así como a asegurar que la actividad académica continúe sin interrupciones. El tono del comunicado refleja la gravedad con que la institución aborda los hechos, aunque mantiene el respeto formal a los derechos procesales del acusado.
El PSOE fue el primer partido político en reaccionar públicamente. Su portavoz municipal, María Sánchez, subrayó la necesidad de respetar escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollen las posibles diligencias judiciales. Sin embargo, también advirtió que el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe caracterizar la actuación de cualquier cargo público. Los socialistas han dejado clara su posición: si la investigación judicial avanza, exigirán la dimisión del concejal del grupo mixto. Según fuentes del partido, Pérez de la Sota acudió a una comisión municipal el mismo martes en que se hizo pública la información.
Izquierda Unida adoptó una postura más directa, pidiendo inmediatamente la dimisión del concejal a través de un comunicado. El partido considera que las acusaciones son suficientemente graves por tratarse de lo que define como una forma de violencia contra la mujer. Esta diferencia de enfoque entre los dos partidos de izquierda refleja tensiones sobre cómo proceder cuando se trata de denuncias de este tipo: si esperar a que el proceso judicial avance o actuar de inmediato basándose en la gravedad de lo denunciado. Lo que está claro es que el caso ha generado una fractura política en el consistorio salmantino y que los próximos pasos de la investigación judicial determinarán no solo la situación del concejal sino también las presiones políticas que enfrentará en los meses venideros.
Notable Quotes
Con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia, hemos acordado apartar temporalmente al profesor de la actividad docente— Colegio de la Abogacía de Salamanca
El silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público— María Sánchez, portavoz municipal del PSOE
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el Colegio de Abogacía decidió apartar al concejal si aún no hay sentencia?
Porque la denuncia llegó a sus oídos como institución responsable de la formación de futuros abogados. No podían ignorarla ni mantenerlo en el aula mientras se investiga. Es preventivo, no punitivo.
¿Qué diferencia hay entre lo que pide el PSOE y lo que pide Izquierda Unida?
El PSOE dice: esperemos a que la justicia hable, pero exigiremos dimisión si hay avances. Izquierda Unida dice: la acusación ya es grave, dimite ahora. Uno respeta más el proceso; el otro prioriza el mensaje político.
¿Cómo afecta esto a las alumnas que denunciaron?
El Colegio dice que ha tomado medidas para protegerlas y que pueden continuar sus estudios sin interrupciones. Pero estar en el mismo programa que alguien acusado de algo así, aunque esté apartado de la docencia, no es lo mismo que sentirse completamente segura.
¿Por qué el concejal dice que no ha recibido denuncia si ya está apartado?
Porque hay una diferencia entre que una institución tome medidas preventivas basadas en información que recibe, y que la justicia formal notifique al acusado. Él está en un limbo: apartado pero sin haber sido formalmente acusado ante él.
¿Qué viene ahora?
Depende de si hay denuncia formal ante la policía o la fiscalía. Si la hay, avanza la investigación judicial. Si no, el caso podría quedar en el ámbito institucional del Colegio. Pero políticamente, ya está marcado.