Impedir una publicación es algo que él hace todo el tiempo
En San Juan, el Overseas Press Club ha presentado una acusación respaldada por declaraciones juradas que señalan al Secretario de la Gobernación Francisco Domenech como el arquitecto de un sistema centralizado de censura previa que bloquea investigaciones periodísticas antes de que lleguen al público. Lo que emerge no es un episodio aislado, sino un patrón deliberado que convierte el acceso a la información pública en un privilegio otorgado o negado desde La Fortaleza. En la historia larga de las democracias, el control del flujo informativo ha sido siempre el primer síntoma de un poder que teme el escrutinio.
- Declaraciones juradas de un exsecretario revelan que bloquear publicaciones periodísticas no es una excepción en el gobierno de Puerto Rico, sino una práctica rutinaria confesada por el propio Domenech.
- Toda solicitud de información dirigida a agencias gubernamentales —incluso preguntas de seguimiento ordinarias— debe pasar por La Fortaleza, concentrando en una sola figura el control sobre lo que el público puede o no conocer.
- La presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, advierte que el patrón está diseñado para proteger políticamente al gobierno González-Domenech, no para administrar información de manera legítima.
- La denuncia se extiende al medio Noticel, al que se le exige transparencia sobre qué comunicaciones recibió y si cooperó activamente con las prácticas de censura previa descritas.
- El caso abre una pregunta más amplia que permanece sin respuesta: cuántos otros medios han enfrentado presiones similares y cuántos han cedido en silencio.
La junta directiva del Overseas Press Club de Puerto Rico ha lanzado una acusación grave y documentada contra la administración de la gobernadora Jenniffer González: que su gobierno bloquea sistemáticamente el trabajo periodístico antes de que llegue a publicarse. La denuncia no descansa en rumores, sino en declaraciones juradas prestadas bajo promesa de decir la verdad.
El testimonio clave proviene de Sebastián Negrón Reichard, exsecretario de Desarrollo Económico, quien relató bajo juramento conversaciones ocurridas en octubre del año anterior con el Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Según Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC, esas conversaciones revelan un mecanismo deliberado: todas las solicitudes de información que los periodistas dirigen a agencias gubernamentales —incluso las preguntas rutinarias de seguimiento— deben pasar por La Fortaleza. Domenech centraliza así un poder que no le corresponde, usurpando funciones de los jefes de agencia y violando el deber de divulgar información pública.
Lo más revelador, según Maldonado Arrigoitía, es que el propio Domenech habría reconocido en esas conversaciones que impedir una publicación es algo que hace con regularidad. No una excepción ante una crisis, sino una costumbre institucionalizada. El resultado práctico es que los reportajes se retrasan, las publicaciones se bloquean y el público recibe versiones parciales o tardías de lo que hace su gobierno.
La responsabilidad, advirtió la presidenta del OPC, no recae únicamente en el ejecutivo. Noticel, el medio mencionado en las conversaciones, también debe dar explicaciones: qué comunicaciones recibió, quién le solicitó retener información, cómo protegió el trabajo de su periodista y cómo responderá ante su audiencia por su aparente cooperación con estas prácticas. La pregunta que queda abierta es si otros medios han enfrentado presiones similares —y cuántos han respondido en silencio.
En San Juan, la junta directiva del Overseas Press Club ha levantado una acusación que toca el corazón de cómo funciona el poder en Puerto Rico: que la gobernadora Jenniffer González y su administración están bloqueando sistemáticamente el trabajo de los periodistas antes de que llegue a publicarse. La denuncia no viene de rumores ni de sospechas vagas. Viene de declaraciones juradas prestadas bajo promesa de decir la verdad.
Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta de la agrupación periodística, señaló específicamente al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, como la persona que desde La Fortaleza —la sede del poder ejecutivo— está deteniendo investigaciones periodísticas en marcha. El testimonio que respalda esta acusación proviene de Sebastián Negrón Reichard, quien fue secretario de Desarrollo Económico y está hablando ahora sobre conversaciones que ocurrieron en octubre del año anterior. Negrón Reichard declaró bajo juramento detalles sobre cómo funciona este sistema de control.
Lo que emerge de esas conversaciones entre Domenech y Negrón Reichard, según Maldonado Arrigoitía, no es un incidente aislado ni una pelea política entre facciones del Partido Nuevo Progresista. Es un patrón. Un diseño deliberado para mantener al público en la ignorancia sobre asuntos que podrían afectar políticamente al gobierno. Maldonado Arrigoitía lo llamó censura previa, y lo describió como algo expresado de manera "absolutamente burda". Los periodistas que integran la directiva del OPC y varios de sus miembros pueden confirmar que el proceso que sigue el gobierno cuando recibe solicitudes de información es exactamente como lo describió el exfuncionario.
El mecanismo es simple pero efectivo: todas las solicitudes de información que los periodistas hacen a las agencias gubernamentales tienen que pasar por La Fortaleza. No solo las solicitudes formales bajo la Ley de Transparencia, sino incluso las preguntas de seguimiento rutinarias. Esto centraliza el poder en manos de Domenech, quien usurpa las funciones que deberían corresponder a los jefes de agencia. Peor aún, viola el deber ministerial de divulgar información pública. El resultado es que los reportajes se retrasan, las publicaciones se bloquean, y el público termina sin enterarse de lo que hace su gobierno, o se entera tarde, o recibe solo una versión parcial de los hechos.
Lo que Negrón Reichard reveló en su declaración jurada es vergonzoso, según Maldonado Arrigoitía. Declaró que en el gobierno de Puerto Rico es costumbre notificar al Secretario de la Gobernación sobre cualquier asunto que tenga interés mediático. Domenech, en sus propias palabras capturadas en esas conversaciones, comentó que impedir una publicación es algo que él hace todo el tiempo. No es una excepción. Es rutina.
Pero la responsabilidad no recae solo en el gobierno. Maldonado Arrigoitía también señaló a Noticel, el medio de comunicación mencionado en las conversaciones, como alguien que debe dar explicaciones. El público tiene derecho a saber qué comunicaciones recibió Noticel, quién le solicitó que bloqueara información, cómo protegió el trabajo de su periodista, y finalmente, cómo explicará a su audiencia su aparente cooperación con estas prácticas de censura previa. La pregunta que queda flotando es si otros medios han enfrentado presiones similares y cómo han respondido.
Notable Quotes
Esta conversación sostenida entre Domenech y Negrón Reichard no pueden tomarse livianamente, como si fuera un asunto excepcional provocado por un chisme político— Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del Overseas Press Club
Es censura previa, expresada de una forma absolutamente burda— Wilma Maldonado Arrigoitía
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué es importante que el Secretario de Gobernación esté centralizando estas solicitudes de información? ¿No podría ser solo una cuestión de coordinación?
Porque cuando una sola persona controla qué información sale y cuál se bloquea, esa persona tiene poder absoluto sobre lo que el público puede saber. No es coordinación. Es un cuello de botella deliberado.
Pero el exfuncionario que testificó, ¿por qué está hablando ahora? ¿Qué lo motivó?
La declaración jurada sugiere que vio algo que le pareció lo suficientemente grave como para documentarlo bajo promesa de decir la verdad. Eso es diferente a una queja casual. Es un acto de riesgo político.
¿Qué significa que esto sea un "patrón"? ¿Cuántas veces ha pasado?
No sabemos el número exacto, pero el patrón significa que no fue una vez. Fue suficientemente sistemático como para que alguien dentro del gobierno lo reconociera como práctica normal, como algo que "se hace todo el tiempo".
¿Y Noticel? ¿Por qué está siendo cuestionado también?
Porque si un medio recibe una solicitud de bloquear información y accede, se convierte en cómplice. El público necesita saber si fue presionado o si cooperó voluntariamente.
¿Qué pasa ahora? ¿Hay consecuencias legales?
Eso depende de si alguien presenta una demanda o si hay investigaciones formales. Por ahora, lo que existe es la acusación pública y la pregunta incómoda que no desaparece.