En los primeros días del gobierno de Keiko Fujimori en Perú, la composición de su gabinete ministerial ha revelado una tensión profunda entre el ejercicio del poder y la integridad institucional: quince de sus diecinueve ministros declararon investigaciones judiciales en sus propias declaraciones juradas. Los delitos que pesan sobre ellos abarcan desde corrupción y lavado de activos hasta falsificación de documentos y participación en organizaciones criminales. Esta realidad, documentada por los propios funcionarios ante las autoridades, plantea una pregunta que trasciende la coyuntura polític